La Diputación investigará si se filtró el examen de la bolsa de empleo

M. M. / Burgos

Los grupos de la Diputación aprobaron por unanimidad ayer en el Pleno, crear una comisión investigadora que aclare las dudas surgidas sobre los dos primeros exámenes correspondientes a la nueva bolsa de empleo provincial, tras conocerse que su contenido pudo filtrarse. Dicha decisión se tomó después de que los tres grupos con representación en la corporación provincial -PP, UPyD (Unión Progreso y Democracia) y PSOE- apoyaran una moción de urgencia presentada ayer mismo por éste último, al saberse la posible filtración.

De forma paralela, y a pesar de que el debate fue común al girar ambas propuestas sobre la misma cuestión, se rechazó una segunda moción de urgencia presentada esta vez por UPyD, en la que el grupo magenta pedía la anulación de las pruebas. Petición que rechazaron tanto PP como PSOE, al entender que a pesar de las dudas suscitadas, «es necesario, en primer lugar, probar que han existido irregularidades, y si es así, anularlas», explicó Jiménez. «Porque a pesar de la polémica hay gente que ha aprobado estos exámenes», añadió.

El portavoz socialista, José María Jiménez, afirmó categórico que «debemos salir de aquí con esta decisión tomada, porque en la calle ya no se creen nada, y da igual que ustedes nos digan que han actuado con buena fe y no hablen de transparencia si luego hacen el ridículo», defendió.

Respondía así a la defensa realizada por el portavoz popular, Borja Suárez, quien desde un principio, criticó que la posible filtración «sólo haya sido una maniobra más para desacreditar a la Institución». A pesar de lo cual, remarcó que «los primeros interesados en que todo esto quede bien claro somos nosotros, por lo que esperaremos al análisis que realicen los técnicos y si éstos afirman que hay base legal para ir a los tribunales, lo haremos».

Jiménez añadió que además de iniciar una investigación al respecto, «debe cesarse al responsable de Personal, ya que da más prioridad a una prueba de test que valorará un psicólogo -y que sólo debería servir de apoyo-, que a cualquier otra más específica sobre la labor a desempeñar por la persona a la que se prevé contratar», criticó.

Los ARI seguirán

Otra de las polémicas vividas en el Pleno provincial de ayer fue la surgida tras la propuesta socialista para que se inste a la Junta a que mantenga los plazos de certificación de los proyectos de ARI (Área de Rehabilitación Integral) en Castrojeriz y en Melgar hasta octubre, en lugar de reducirlos al mes de julio.

El diputado provincial, Javier Lezcano, reprochó que, a pesar de suponer pérdida de empleos por las obras concertadas y que no se harán, las alcaldesas de sendas villas no hayan defendido ante la Junta dicha postura, en contra del recorte del plazo.

«Algo que ahora niegan conocer, cuando recientemente se reunieron con el consejero del área y así se les dijo», criticó el diputado provincial del PSOE.

Sin embargo, y a pesar de que finalmente logró el apoyo por unanimidad, Lezcano recibió antes la respuesta de la diputada popular Montserrat Aparicio, a la par alcaldesa de Melgar. Ésta recalcó que «efectivamente hemos hablado con él, y no se nos dijo que se fuera a recortar, sino que el Ministerio estudiaba hacer otro plan», aseguró. «Y nosotras aprovechamos para preguntar si podríamos optar a ser incluidas ambas villas en él para ampliar los arreglos», concretó. Aún así, Aparicio agradeció a Lezcano su preocupación.

Finalmente, se logró también el acuerdo para que la Diputación implante la ‘oficina sin papeles’, tal y como solicitaba UPyD, así como para mediar con el consejo gestor de la IGP Lechazo de Castilla y León, e invitarle a explicar el porqué de la salida de su sede de Aranda.

Si bien el diputado provincial del PSOE, Luis Briones, pedía en su proposición que se instara a la Junta a intervenir, el portavoz popular, Borja Suárez, le recordó que ésta no tiene potestad al respecto, «ya que el consejo es un organismo privado, y ni la Junta ni ningún otro órgano público o privado puede obligarle a nada». Briones sin embargo, insistió en que ésta puede, «y debe implicarse».