Un contratista exige a Trespaderne 900.000 por varias obras realizadas

D. A. M. / Burgos

El Ayuntamiento de Trespaderne y Eugenio Fernández, contratista de varias obras en el municipio de Las Merindades, mantienen un desencuentro desde hace años por el pago de varias de la actuaciones en el polígono industrial de La Niesta y otras actuaciones en la calle Santa Ana y un depósito de aguas. La situación se ha enquistado en los últimos tiempos y el conflicto ha llegado al Consejo Consultivo de Castilla y León al no mediar acuerdo entre las partes. Actualmente, Fernández mantiene cerca de 30 procedimientos en el Contencioso que corresponden «a cada uno de los pagos que no se han realizado», afirmó ayer su abogado, José María Castilla Marañón. El particular, explicó ayer de forma pública la situación por la que atraviesa y denunció que el Ayuntamiento le adeuda «más de 900.000 euros», apuntó, cantidad, que según el contratista, que corresponde a trabajos en el polígono industrial de La Niesta «por valor de unos 770.000 euros» y «otros 105.000 euros del depósito de aguas», desveló.

Varios son los informes que se han enviado al Consejo Consultivo, siendo declarados nulos todos los procesos, excepto el correspondiente a la 5ª fase de construcción la espacio industrial. El abogado criticó que el órgano de consulta «haya caído en una trampa del Ayuntamiento» afirmando que «los contratos que se han anulado en el Consejo llevan más de diez años pagados y liquidados», y fue más allá afirmando que «se ha pasado a la Hacienda pública para cobrar el IVA, algo que se le oculta al Consejo».

Actualmente entre los contratos existe uno que no se ha liquidado, «es el que corresponde a la 5ª fase del polígono de La Niesta», afirmó el letrado, añadiendo que «es el que supone la mayor parte de la deuda que el Consistorio mantiene con Eugenio». «No está anulado porque el Consejo así lo dictamina» recordó, y señaló que esto es así porque al parecer «como al Ayuntamiento no le gusta el informe, ha pedido una aclaración la cual no ha lugar desde el propio órgano».

En este conflicto, desde la parte afectada por el impago afirmaron que «se pretende revisar este recurso para que el Consejo cambie de opinión, y eso es ilegal. No se puede cambiar un informe», afirma el abogado de la acusación quien dando un paso más afirmó que «nosotros no hablamos de prevaricación en el órgano consultivo, dónde podría haberla es en el propio Ayuntamiento», porque, por ejemplo, «en la 6ª fase del polígono el informe de la secretaria del Consistorio afirma que es nulo y sin embargo se adjudica a una empresa». «El contrato no se anula porque haya una Junta de Compensación que contratara a la empresa de Eugenio, pero sin embargo el Consistorio anula esa Junta sin notificárselo a los propietarios», manifestó Marañón.

«En esa situación la Junta de Castilla y León es la última responsable en dictaminar que se ha de hacer con las Juntas de Compensación y en este caso no ha sido así», señaló.

Ayuntamiento y catas

Desde el propio Ayuntamiento, la opinión al respecto es totalmente contraria. «Este asunto está originando un gran prejuicio al municipio», afirmó ayer a este periódico el concejal de urbanismo, Roberto Fernández, porque «nos está arruinando». El edil explica que «nosotros hemos querido poner en regla todo aquello que no lo estaba» porque «este constructor estaba cobrando obras a cuenta sin estar certificadas» lo que «ha generado una gran desfase económico en las arcas». Profundizando en cifras del precio de adjudicación y la obra certificada por el arquitecto del Ayuntamiento, Javier González, «hay un descompensación importante» que el propio Consistorio contempla en sus cálculos. Un informe que refleja un pago de 2.554.469 euros, cuando en realidad debiera ser de 2.012.373 euros. «De este modo determinamos que quien debe dinero a quien es este particular al Consistorio». Según esos datos, Eugenio Fernández debería 542.095 euros.

Además, el Ayuntamiento decidió en el pleno del pasado lunes desestimar las alegaciones del contratista solicitadas al Consejo en el procedimiento de revisión de las obras de la 5ª fase del polígono, y actualmente se encuentra recabando más pruebas para regularizar toda esta situación. De este modo se están llevando a cabo catas geológicas en los trabajos de aquella fase que determinarán, como afirmó el concejal de urbanismo, «si se utilizaron los materiales señalados en un principio». Una labor que podría demostrar que el contratista podría no haber realizado las obras como estaban presupuestadas. Próximamente se conocerán los resultados de esas investigaciones.