Caixabank solicita a la Diputación la gestión de la residencia de San Agustín

M. M. / Burgos

La Diputación analiza ya la petición transmitida por Caixabank para ejercer el derecho a hacerse cargo de la gestión de la residencia de estudiantes de San Agustín, ante el impago hipotecario de que ha sido objeto por parte de la actual concesionaria Sanarus Gestión S.L. Petición fundamentada en la inclusión de dicha concesión como aval, por parte de la empresa adjudicataria, en las negociaciones financieras llevadas a cabo por ésta con la Caixa, al concederle la Diputación el servicio.

Tras haber pasado tanto por la Junta de Compras como por Secretaría, ambos departamentos de la Diputación parecen no haber encontrado trabas legales que anulen la petición. «Así que se procederá a su análisis en la Junta Gobierno de mañana viernes», afirmó el portavoz de la Institución Provincial Borja Suárez, «ya que está claro que la dueña es la Diputación, y lo más importante de todo es que el servicio se siga dando, y con calidad», añadió.

Desde el PSOE provincial van, sin embargo más allá, ya que como apuntilla su portavoz, José María Jiménez, «se trata de que en caso de ser necesario negociar con la Caixa,  la Diputación deje bien claro que, o la entidad financiera sigue gestionando el servicio -ya sea de forma directa o a través de una subcontrata-, o la Diputación lo recupera sin ningún coste», aseguró categórico.

Así, Jiménez advierte que su grupo no dará paso a ninguna treta, «porque bastante extraña es ya la situación surgida de esas negociaciones: que un banco se quede con la concesión de un servicio porque quien se ocupaba de él, no puede pagarle los créditos concedidos», comentó con cierta ironía.

«Error» de la Diputación

De todas formas, Jiménez no dudó en culpar a la Diputación de permitir «esa incongruencia», recalcó, «cuando permitió esa posibilidad con su voto a favor de la misma en un Pleno en 2012, tras informarle la empresa de la existencia de dicho acuerdo con la Caixa. «Cosa que, por cierto, hizo bastante después de haberlo firmado todo», reprochó el diputado provincial.

Y es que como recordó Jiménez, a la polémica surgida en aquel Pleno celebrado en 2012 por esta cuestión, se sumó la denuncia hecha por el PSOE, del uso que la empresa estaba dando al Aulario anexo de la residencia, como oficina de una de sus empresas constructoras.MÁS INFORMACIÓN EN EDICIÓN IMPRESA