El Ventorro recurrirá al Supremo para desmantelar la depuradora

Sorprendidos por el giro de 180 grados que ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a la hora de legalizar la estación depuradora de aguas residuales de Aranda, en contra de las sentencias dictadas hasta ahora por el Tribunal Supremo, desde El Ventorro no esconden su indignación. «Es la historia de nunca acabar», resume el propietario del establecimiento demandante, Gabriel García, cansado porque «de nada sirve» que les hayan dado la razón hasta en tres ocasiones «si a la hora de ejecutar la sentencia, no se ejecuta». «Estamos desmoralizados pero después de quince años, tenemos que continuar», advierte decidido a acudir de nuevo al Supremo. «Estoy convencido de que volveremos a ganar pero también de que cuando vuelva a Burgos no se ejecutará; vencer en este caso a Goliat va a ser muy difícil», lamenta.Y aunque no quiere entrar en más polémicas, sí aclara una cuestión. «Que quede claro que nunca nos ha movido el dinero y que solo buscamos que se cumpla la ley», subraya tras conocer la valoración de 100.000 euros que ha realizado el Ayuntamiento a la hora de cuantificar, en su última alegación, los daños y perjuicios que a su entender debe percibir El Ventorro como parte afectada. «Nunca se ha hablado de dinero, es una chulería del Ayuntamiento», explica García, molesto porque solo se habló de dinero cuando un juez pidió, hace años, una valoración de daños que hizo un perito. «Luchamos para que se cumpla la sentencia, se desmantele la actual depuradora y los terrenos recuperen el estado previo a la construcción», reitera.Para El Ventorro, la ubicación que ahora defiende el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, - contra la opinión del Supremo- , no era la única opción. «Se podía haber puesto río adelante, sin pasar por la autovía, porque no tiene que lindar con Aranda. También se podía haber puesto hacia Castrillo porque entonces no estaba el polígono», defiende consciente de que ambas opciones se descartaron por presiones. «Cuando empezamos el proceso no se había puesto ni una sola piedra de la depuradora», señala.El cambio legislativo que la Junta de Castilla y León aprobó en 2009 (por el cual se suprimía la distancia mínima que hasta entonces debía guardar una depuradora de un núcleo urbano y que sustentó la sentencia inicial de derribo), responde para El Ventorro a unos intereses concretos. «No se puede hacer una ley para evitar una sentencia», reprocha.Pese a que los daños y perjuicios no son una prioridad, -a día de hoy-, sí se pondrán sobre la mesa, una vez haya finalizado el proceso. «Hemos gastado mucho dinero y también muchas fuerzas», asegura a sabiendas de que vivir con tanta presión no es fácil. «He sufrido mucho con esto, incluso me dio un pequeño infarto», afirma.Según explica, el funcionamiento de la depuradora no solo ha afectado, con sus olores, al día a día de este restaurante ubicado en el kilómetro 273 de la N-122; el procedimiento judicial ha debilitado su cartera de clientes. «Hemos perdido mucha gente de la zona y nos hemos tenido que volcar para atraer gente de fuera, personas no influenciadas por este procedimiento», explica convencido de que «todos los alcaldes han estado manejando a los arandinos para ponerlos en nuestra contra». «Muchos piensan que somos unos usureros y nada más lejos», concluye.