El Correo de Burgos

BUREBA

Los camiones ‘obligados’ a circular por la AP-1 pagarán 5,95 euros

Para ajustarse a la normativa europea, quienes ahora utilizan la autopista también contarán con un descuento del 35%

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GERARDO GONZÁLEZ / Briviesca
Burgos

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El borrador del proyecto para establecer la prohibición de circular por carreteras convencionales del Estado en 16 tramos en España ya está en manos de los representantes de los transportistas, que se reunirán con responsables de Fomento para su negociación.En el caso de la autopista AP-1, se ha fijado un coste de peaje para camiones entre el tramo Burgos-Armiñon de 5,95 euros -según han informado las fuentes consultadas-, así como un descuento general para los camiones actuales usuarios de 7,74 euros correspondiente al 35%.La aplicación de esta rebaja se rige por la normativa europea, asumida en un Real Decreto el pasado año, que establece una diferencia entre descuentos extraordinarios y ordinarios del 13% para evitar perjudicar la competencia.Precisamente, este marco administrativo llevó a descartar el proyecto inicial de bonificar las horas-valle dado el escaso margen que suponía para fomentar su uso, optándose por la fórmula de obligatoriedad con una mayor rebaja.No obstante, dada la fuerte oposición del sector del transporte a la medida por su obligatoriedad, la ministra de Fomento, Ana Pastor, declaró que este asunto será «pactado», afirmando además que «cuando se toman medidas es para la mejora del conjunto. Por lo tanto, nunca se tienen que tomar medidas si no hay acuerdo con los sectores y, como saben, todo lo que he hecho hasta ahora es con acuerdo».Esta postura resulta clave tras la reunión que los representes sectoriales mantuvieron hace unos días para plantear la posibilidad de que la circulación por peajes no sea obligatoria, una demanda que no tiene visos de prosperar, ya que supondría desvirtuar la iniciativa del Ministerio.Sin embargo, ya se han fijado algunas cuestiones susceptibles de ser incluidas, tales como la posibilidad de modificar algunos de los tramos propuestos -que puedan sumarse las bonificaciones ya vigentes a las que incorpora el nuevo plan- o que no exista ningún problema en relación con el acceso a destinos que obliguen circular por los tramos prohibidos.En concreto, este último punto es de especial relevancia para La Bureba, puesto que los camiones procedentes de las carreteras nacionales N-232 y N-629 tiene como salida natural la N-I a la altura de Cubo de Bureba.Por lo tanto, en el caso de no permitirse su circulación por la carretera convencional para poder enlazar nuevamente con la N-232 o AP-1 en Pancorbo, los vehículos pesados estarían obligados a dar un gran rodeo utilizando la carretera CL-632 y cruzando los cascos urbanos de Los Barrios de Bureba, Terrazos y Briviesca para acceder al peaje de la AP-1.A esta circunstancia se añade la preocupación de los numerosos negocios que tienen entre los transportistas gran parte de su clientela, ya que la ausencia de una norma flexible para poder circular en el tramo prohibido amenazaría seriamente su futuro. De hecho, esta posibilidad ha provocado una primera oposición en firme sobre el plan de Fomento por parte del presidente de La Rioja, el popular Pedro Sanz, quien ha pedido que la norma que obligará a los camiones a circular por las autopistas de peaje no se implante en el tramo de su Comunidad.Y es que Sanz declaró a los medios que «en La Rioja se han hecho los deberes y la carretera no tiene tanto tráfico como tenía hace unos años, porque sin necesidad de imponer nada a nadie, sólo bajando las tarifas, se ha conseguido que más gente discurra por esa vía».Conviene recordar que la norma afectaría al tramo de la AP-68 paralelo a la N-232 entre Miranda de Ebro y Alagón. Por ello, el presidente riojano recordó que en la actualidad hay bonificaciones que van del 50% al 75% para todos los vehículos. Además, también afirmó haber comunicado directamente a la ministra de Fomento su voluntad de «hacer todo lo que sea necesario para que esa ley no se implante en La Rioja».La aplicación efectiva de la misma aún tiene por delante una importante serie de tramitaciones, ya que se han de establecer los pertinentes convenios entre las concesionarias afectadas y el Estado, que deberán ser examinados y aprobados por el Consejo de Ministros. A dicho trámite le seguiría una resolución de la DGT restringiendo la circulación de vehículos pesados por esos tramos.

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