El Correo de Burgos

MIRANDA

Movilización por la paga extra de Navidad de 2012

Los trabajadores municipales exigen reunirse con la Corporación

Burgos

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El personal laboral del Ayuntamiento comenzó ayer la primera de sus concentraciones, que celebrarán cada miércoles y viernes a las puertas del Consistorio, para pedir a la Corporación que les devuelva una parte de la paga extra de Navidad de 2012 que -por obligación del Gobierno- se sustrajo a todos los empleados públicos.El comité de empresa de las 150 personas que conforman el personal laboral del Ayuntamiento mirandés denuncia un trato distinto al que se ha dado a los 188 funcionarios. Y es que mientras éstos ya recibieron en 2013 los días devengados de esa paga extra -un total de 44-, a los laborales sólo se les devolvieron 14 días. Por ello, piden un «trato igualitario» ante lo que consideran una «discriminación», según señaló en rueda de prensa uno de sus delegados, Michel Espinosa. En este sentido, reclaman que se les devuelva el 17,5% de esa paga para igualar el 25% que recibieron los funcionarios, tal y como recoge la Ley de 26 de diciembre por la que se rige el colectivo porque «se nos quitó y no estamos pidiendo más dinero, un aumento, ni nada que no sea nuestro».Por su parte, la concejala de Hacienda y Personal, Laura Torres, explicó que el problema deriva de la aplicación del convenio de ambos trabajadores, detallando que -según refleja el texto- la paga de Navidad empieza a contar el 1 de junio para funcionarios, mientras que para laborales arranca el 1 de julio.En este sentido, Torres entiende que la discriminación hubiera sido precisamente lo contrario. Es decir, igualar los 44 días a ambas partes «por algo no generado» además «de los problemas legales que podría conllevar», indicó.Sin embargo, el comité de empresa entiende que no se trata de una interpretación legal, sino de la falta de voluntad política para tratar a todos los trabajadores por igual. Por lo tanto, anuncian que seguirán con sus movilizaciones hasta conseguir sentarse a negociar la recuperación de sus derechos, pues argumentan que el Ayuntamiento tiene autonomía para tomar la decisión de abonar o no esa cantidad y que los laborales reciban ese 25% completo de la paga, como ya hicieran los funcionarios en 2013.

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