Pedirán a la Junta retomar la ayuda para las escuelas infantiles rurales

La Diputación solicitará a la Junta que retome las ayudas destinadas a colaborar con los municipios en el mantenimiento de las escuelas infantiles, aportaciones que eliminó en 2012. Así lo acordaron de forma unánime los tres grupos con representación en la Institución Provincial en el Pleno de ayer, a raíz de una proposición del grupo socialista defendida por la diputada provincial Esther Peña. Además, el contenido de ésta se solicitó que la partida que se destine no sea menor a 3,5 millones de euros. «Una mínima parte de los 92 millones con los que se ha conocido que contará la Junta, y que según sus propios responsables, prevén destinar a políticas sociales».Peña logró con este argumento convencer al PP y a Unión Progreso y Democracia (UPyD) para hacer frente común ante la Junta. Recordó que en 2012 también el PSOE llevó a Pleno una propuesta similar «y no lo logramos, pero creemos que con este aumento de fondos con que contará la Junta, éste sí es momento para ello». Recalcó que la desaparición de la ayuda hace 3 años, «ha llevado a algunos ayuntamientos a subir precios, y a otros a aprobar concursos que han convertido la gestión en privada, siendo las familias, las más perjudicadas, de nuevo».Desde UPyD, la diputada provincial Rosario Pérez, consideró «vital que exijamos a las Administraciones que aseguren una educación de calidad a la par que medidas que permitan compaginar la vida labora con la familiar», defendió. «Y no dejar a las familias solas, al ser éste un derecho fundamental».Desde el PP, si bien su portavoz, Borja Suárez, recordó que la Diputación ya cuenta con la línea de ayudas del programa Crecemos, «entendemos necesario que la Junta recupere este tipo de ayudas, ya que son esenciales para lograr asentar población en el mundo rural».Sin embargo, Peña no logró idéntico resultado para la segunda moción de su grupo, con la que pedía a instar al Gobierno central a retirar el decreto por el que los estudios universitarios pasarán de ser 4 años de grado y 1 de máster a ser 3 +2. «Lo que supondrá en algunos casos, un aumento en el coste de las matrículas del 23%», cifró. «Además de dar lugar a alumnos de primera y de segunda». Argumento en el que el PSOE contó con el acuerdo de UPyD, mientras que el popular Suárez defendió su voto en contra defendiendo el nuevo sistema como «flexible y autónomo, ya que cada rector podrá elegir adoptarlo o no».Finalmente, desde UPyD, Pérez logró el apoyo unánime para que la Diputación compre aparatos desfibriladores y pague cursos formativos sobre su uso, con destino a dotaciones de los municipios. «Así como para la elaboración, junto a Protección Civil, de un mapa que marque las instalaciones sociales o deportivas donde sería más conveniente su instalación». Desde el PP, Suárez afirmó que se pedirá que se concrete una partida para estos aparatos, cuyo coste ronda los 2.000 euros.