La Junta matiza las exigencias de los Grupos de Acción Local

Con cifras sobre la mesa, el Gobierno regional sale al paso de las críticas y la reclamación de más de 52 millones de euros que los Grupos de Acción Local (GAL) de la provincia manifestaron el martes tras renovar su convenio con la Diputación -gestionado a través de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur)- por un total de 600.000 euros.Según explica el director general de Producción Agropecuaria y Desarrollo rural de la Junta de Castilla y León, Jesús María Gómez, el montante exigido por los GAL «es falso», ya que el Gobierno autonómico «tiene abonada la totalidad del dinero que han solicitado los grupos como reembolso a fecha de 31 de diciembre de 2014, que asciende a un total de 107.931.079 euros concretamente».Respecto al reembolso correspondiente al mes de enero, matiza que la cantidad asciende a 5.247.702 euros a nivel regional y 775.409,83 en la provincia de Burgos. «Hipotéticamente, eso es lo que les deberíamos, porque somos la única Comunidad Autónoma que ha permitido que los grupos pidan reembolso», añade. Y justifica la respuesta al aseverar que otros territorios como «Andalucía, Extremadura o Castilla La Mancha no tienen ese problema porque solo permiten una petición de fondo a los grupos al finalizar cada año».Prosiguiendo con este baile de cifras, Gómez señala que los 52 millones que deberían recibir los Grupos de Acción Local han de justificarse. Es decir, dicha cantidad se abonaría «siempre y cuando cumplan la totalidad de sus programas y de su ficha financiera», situación que, recalca, no se ha producido hasta la fecha.De acuerdo a la normativa establecida en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) -cofinanciado entre la Unión Europea (UE) en un 50%, el Ministerio de Agricultura y Pesca (Magrama) y la propia Junta con un 25%, respectivamente-, Gómez recuerda que el Gobierno autonómico solo puede hacer frente al pago del porcentaje que le corresponde una vez obtenida la consignación presupuestaria por parte del Ministerio de Agricultura.En este sentido, el director regional de Producción Agropecuaria recalca que la UE establece la obligatoriedad de formalizar el pago correspondiente a cada una de las medidas del PDR cuando los Estados miembros -en este caso los Gobiernos central y regional- «tienen disponible su dinero».Ante la actitud mantenida por los GAL durante su encuentro con el presidente de la Diputación, César Rico, Gómez desconoce los «intereses» de Rural Red (Red de Desarrollo Rural de Castilla y León) «para confundir a la opinión pública de esa manera», más aún cuando las otras dos entidades que operan en la Comunidad -Princal y Huebra- «conocen perfectamente las circunstancias y no han hecho declaraciones de este tipo».Por otra parte, también hace referencia a los 600.000 euros que reclama el Grupo de Acción Local de la Sierra de la Demanda (Agalsa) aduciendo que «ese dinero les fue ingresado en el mes de febrero». Además, señala que ha realizado una doble exigencia pecuniaria: «por un lado, de estos reembolsos en enero 119.000 euros, y por otro lado 95.000».