Fomento y transportistas abordan el plan para el desvío a la AP-1

El Ministerio de Fomento se reunirá en breve con representantes del Comité Nacional de Transportes por Carretera (Cntc) para dar respuesta a la proposición del sector,que plantea la no obligatoriedad de circular por autopistas. La convocatoria, que parte de la secretaria general de Transportes, Carmen Librero, marcará un momento decisivo en este plan, que se avanzó a finales del pasado año.Cabe recordar que en la última reunión mantenida entre representantes de Fomento y transportistas, estos presentaron esta propuesta alternativa al plan estatal centrada en la opción de las autopistas de peaje frente a las carreteras congestionadas «siempre y cuando lo hagan de forma voluntaria».Igualmente, también se acordó -siempre y cuando no resultase obligatorio el desvío- aceptar la puesta en marcha del plan con el compromiso de Fomento de que pueda adaptarse en función de sus resultados.De esta manera, los transportistas esperan que en algunas autopistas el descuento pueda acabar siendo superior al 50% si se demuestra que con esta rebaja no se incentiva la circulación de camiones o que se pueda aplicar a más autopistas inicialmente fuera del proyecto de Fomento. Según afirmaron, el objetivo de su propuesta es «ir adaptando el plan a través del análisis de su aplicación», señalando que «en la decisión de circular o no por la autopista influyen muchos factores, además del económico, como son el posible ahorro en tiempo o la mejora de la seguridad».Según el borrador del proyecto para establecer la prohibición de circular por carreteras convencionales del Estado en 16 tramos nacionales entregado a los representantes de los transportistas, en el caso de la autopista AP-1 se ha fijado un coste de peaje para camiones entre el tramo Burgos-Armiñon de 5,95 euros, así como un descuento general para los camiones actuales usuarios de 7,74 euros correspondiente al 35%. Durante la negociación, el ministerio de Fomento mostró su intención de poner en marcha el plan en el segundo semestre de este año.Por lo tanto, se encuentra en una fase clave, ya que la fuerte oposición del sector a la medida por su obligatoriedad llevó a la ministra de Fomento, Ana Pastor, a asegurar que el acuerdo será «pactado».Pastor reiteró que «cuando se toman medidas es para la mejora del conjunto y, por lo tanto, nunca se tienen que tomar medidas si no hay acuerdo con los sectores y, como saben, todo lo que he hecho hasta ahora es con acuerdo».El desacuerdo sobre la obligatoriedad o voluntariedad es, tanto para Fomento como para los transportistas, determinante a la hora de su puesta en marcha, por lo que el acuerdo es muy complicado a nivel general. No obstante ya se han fijado algunas cuestiones susceptibles de ser incluidas, como la posibilidad de modificar algunos de los tramos propuestos -que puedan sumarse las bonificaciones ya vigentes a las que incorpora el nuevo plan- o que no exista ningún problema en relación con el acceso a destinos que supongan tener que circular por los tramos que se prohiban.Precisamente, este último punto adquiere especial relevancia para La Bureba, ya que los camiones procedentes de las carreteras nacionales N-232 y N-629 tienen como salida natural la N-I a la altura de Cubo de Bureba.Otro punto de especial interés en la comarca es el tramo de la AP-1, entre Ameyugo y Armiñón, que pasaría a ser de pago para los camiones, puesto que su acceso quedaría vetado desde la N-I cuando fue diseñado casi exclusivamente para sacar a los camiones de la travesía de la N-I por Miranda.La construcción de esta variante supuso la concesión de la última prórroga de explotación a la empresa concesionaria hasta finales de 2018 para la compensación de gastos y la pérdida de peajes. De aplicarse dicha, obligatoriedad, quedaría desvirtuada al ser únicamente accesible a vehículos ligeros.La futura Ley supera su primer trámiteEn medio de estas negociaciones, que deberían resolverse definitivamente durante los dos próximos meses, el Ministerio de Fomento presentó y logró la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de la nueva Ley de Carreteras.En su contenido, se incluye un apartado específico sobre las limitaciones de circulación -artículo 38 primer párrafo- en el que se señala que «El Ministerio de Fomento, en el ámbito de sus competencias y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones y de las facultades de otros Departamentos Ministeriales, podrá imponer, cuando las condiciones, situaciones, exigencias técnicas o seguridad viaria o la adecuada explotación de las carreteras del Estado lo requieran, limitaciones temporales o permanentes a la circulación en ciertos tramos o partes de las carreteras».Este punto deja legalmente abierta la posibilidad de fijar restricciones en cualquier tramo de la red de carreteras del Estado a cualquier tipo de vehículo a motor no solo a camiones.Dada la intención de aplicar el plan de desvíos en su punto 2, se recoge de forma específica la base legal sobre la que se asentaría una vez aprobada la nueva ley.Así, se indica que «cuando de las anteriores circunstancias se derive la necesidad de desviar el tráfico de los vehículos que se determine, por la totalidad o parte de una autopista explotada en régimen de concesión, el Delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje podrá acordar dicho desvío y, en tal caso, previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y audiencia del concesionario, fijará las condiciones de utilización de la autopista con carácter temporal, estableciendo la compensación que corresponde al concesionario por los perjuicios que se originen, sin que sea de aplicación el artículo 24 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas en Régimen de Concesión».Las diferencias entre la actual Ley de Carreteras y la futura no son excesivas en este punto de limitaciones, excepto en la inclusión del término «la adecuada explotación de las carreteras del Estado» como causa de limitación al tráfico.