Rechazo frontal al fracking a pesar de los incentivos

Más allá de los beneficios económicos que acarrearía su práctica, la fractura hidráulica lleva meses generando un intenso debate social, ecológico y científico capaz de unir a partidos y colectivos situados las antípodas ideológicas. Al mismo tiempo, expertos en la materia analizan otros aspectos como los posibles riesgos, la viabilidad de las prospecciones en según qué terrenos o las posibilidades de progreso que este tipo de extracción puede llegar a ofrecer.En plena fase de información pública, la compañía canadiense BNK espera que tanto el Gobierno central como la Junta de Castilla y León den luz verde al desarrollo de sondeos en Urraca y Sedano para comprobar la cantidad de gas que se podría explotar. Porque la empresa no duda del potencial de la zona, pues en base a un informe de la consultora Gessal, «se calcula que allí está la mitad del gas natural que hay en el país», explica María Jesús Gallego, responsable de comunicación de la multinacional en España.Al otro lado de la barrera se sitúan partidos políticos, asociaciones de diversa índole y ciudadanos que temen los posibles riesgos de una práctica desconocida en España. En este sentido, una de las principales bazas de BNK a la hora de convencer a los detractores del fracking es la experiencia de la compañía en Polonia, donde a día de hoy no se ha producido ningún incidente.Gallego señala que, recientemente, el Gobierno polaco publicó un informe elaborado por 70 especialistas que «llegaron a la conclusión de que los sondeos no han causado ningún daño al medio ambiente, cambios en la composición de las aguas, deterioro en las condiciones del suelo, movimientos sísmicos o alteración del paisaje una vez concluidas las obras».Sin embargo, las alegaciones por parte de diversos actores se han multiplicado a lo largo de las últimas semanas. Sobre todo tras el posicionamiento en contra de la Diputación, que gestionará la presentación de alegaciones desde los municipios a través de sus servicios técnicos y jurídicos siempre y cuando no haya más información al respecto.«Las alegaciones forman parte del proceso legal», afirma Gallego, quien por otra parte se muestra «absolutamente segura» de que «una vez que se conozcan los proyectos se van a respaldar».Ley de hidrocarburosSi en Burgos el rechazo de la clase política es mayoritario, no ocurre lo mismo en Madrid, ya que el Gobierno central reformó la Ley de Hidrocarburos a fin de establecer una serie de impuestos que repercutirán de forma notable en las arcas locales de los municipios donde se lleve a cabo la fractura hidráulica.A pesar de tan suculentos incentivos, cuyos beneficios por emplazamiento oscilarían entre «dos y cuatro millones de euros» según las estimaciones de BNK, las corporaciones municipales se mantienen en sus trece al considerar que los riesgos están por encima de los beneficios.A este respecto, el concejal de Medio Ambiente del Valle de Mena, Javier Mardones, asevera que «nuestra economía municipal ha dado buenos ejemplos de solvencia financiera y no necesita este tipo de limosnas».Impacto y expectativas económicasJunto a los argumentos en favor de la coexistencia del fracking con el medio ambiente, la directora de comunicación de BNK en España, María Jesús Gallego, se basa en la experiencia de Polonia para defender las posibilidades de desarrollo económico que brindaría esta práctica sobre los territorios. Pues bien, Gallego calcula que se durante la construcción de los pozos se crearían «entre 50 y 150 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en cada uno». Además, asegura que la compañía contrataría empresas de construcción locales para «preparar las parcelas y hacer trabajos de obra civil». Por otra parte, señala que la hostelería gozaría de «mucha actividad durante esa fase».Una vez concluida la fase de exploración -con una inversión en torno a 250 millones de euros- y en caso de que los trabajos de extracción resultases rentables la está segura de que «el impacto económico aumentaría de forma exponencial».Rechazo desde diversos frentesEspinosa de los Monteros, Medina de Pomar, Merindad de Río Ubierna, Valle de Mena o Villarcayo son tan solo algunos ejemplos de municipios con diferente color consistorial pero con una postura -a priori inamovible- en común:su rechazo frontal a la fractura hidráulica.Los partidos que gobiernan en dichas localidades, PP yPSOE, han logrado ponerse de acuerdo a nivel provincial a la hora de presentar alegaciones. Con matices, eso sí, ya que los socialistas llevan tiempo exigiendo más «gestos» y mayor contundencia, puesto que el planteamiento popular se basa en una negativa a falta de ampliar información.De hecho, el senador por Burgos, Ander Gil, solicitará al Ejecutivo en la próxima sesión plenaria que se en ningún caso se lleve a cabo el proyecto de Urraca. Asimismo, instará al Partido Popular a que se ejecuten las modificaciones necesarias para paralizar los posibles sondeos en Sedano.Las organizaciones agrarias también han mostrado su disconformidad respecto a la extracción de gas. A mediados de marzo, las delegaciones burgalesas de la Uccl, UPA-Coag y Asaja convocaron, junto a la Asamblea del Monte contra el Fracking, una cadena humana entre el Crucero de Montija y Villasante de Montija que fue prohibida por la Subdelegación del Gobierno «al no informar de la misma con 10 días de antelación».Ejemplos como este son muy numerosos en la provincia desde que la población tuvo conocimiento de los proyectos contemplados por BNK. el más reciente tuvo lugar en Mozuelos de Sedano, donde más de 60 personas participaron en unas jornadas informativas a cargo de JoceCyl.