El PP irá a los juzgados si no se dan a conocer los informes del Apolo

Casi dos semanas después de la apertura del Apolo, sigue la polémica sobre la puesta en marcha del emblemático inmueble. Tras la petición de IU y CGT de que se haga público el gasto en horas extras, ahora es el PP quien exige al Ayuntamiento una respuesta. En este caso, los populares no piden información económica sino que se hagan públicos los informes técnicos requeridos antes de la apertura del Apolo, y amenazan con acudir al juzgado «si no se les presentan y acreditan que todo está en orden».Y es que según denunció ayer en rueda de prensa el portavoz municipal popular y candidato a la alcaldía, Borja Suárez, según la normativa regional, el Apolo hubiera necesitado un informe de los servicios técnicos municipales que acredite que el edificio una vez terminado, cumple con la normativa urbanística aplicable; otro que verifique que cumple con la normativa «en materia de actividad», y un tercero que respondería al Plan de Emergencia que exige la Ley de Espectáculos de Castilla y León y cuya omisión, según Suárez, «constituye una infracción muy grave sancionada con multa de entre 30.000 y 600.000 euros», remarcó. «Además de la responsabilidad de que no existan informes oficiales con algo tan grave como la seguridad si ocurre algo, que esperemos que no pase».No es la primera vez que el PP solicita estos informes. Ya lo hicieron el 23 de febrero y el pasado 6 de mayo, a dos días de la apertura. Pero afirman que, pese a su insistencia, siguen sin conseguirlos, por lo que, a estas alturas, «sospechamos que no existen». Asunto que entienden de extrema gravedad toda vez que el teatro ya se ha abierto «y en algunas de sus primeras representaciones hemos metido allí a quinientas personas», subrayó.En este sentido, Suárez explicó que, si bien es cierto que la jurisprudencia indica que un Ayuntamiento no tiene por qué entregarse a sí mismo licencia de apertura, «sí tiene que cumplir con todos los requisitos previos de carácter técnico», porque si una administración pública pide «a cualquier empresa o comercio que cumpla con la legalidad, por qué el Ayuntamiento de Miranda no cumple con algo tan grave como el Apolo», señaló.Para concluir, argumentó que si el interés del PSOE «ha sido poner en funcionamiento el día 8 el teatro Apolo, lo ha hecho con una absoluta irresponsabilidad porque los informes tenían que estar mucho antes de ese día», pero su formación aún no ha conseguido ver «un solo informe técnico que acredite que esta obra es legal y correcta».Por último, Suárez manifestó que al no poseer toda la información, sería arriesgado pedir una medida cautelar como el cierre, «aunque un juez podría decretarlo hasta que aparezcan todos estos papeles».IrregularidadesPor su parte, el concejal Sergio Montoya, detallaba que el PP ha observado «una serie de deficiencias», entre las que destaca «un gran fallo detectado por un arquitecto externo que se ha contratado», y que responde a que la pendiente del patio de butacas resulta ser del 11,6%, incumpliendo el decreto 217/2001 que recoge que no debiera superar el 8%.Por ello, se preguntan «cómo se concedió la licencia de obra y quién avaló la ejecución de ese proyecto para que a día de hoy tengamos un patio de butacas que incumple la normativa de barreras arquitectónicas accesibilidad». Así mismo, explicó Montoya, que existen otros ejemplos «que se están corrigiendo poco a poco», pero que se realizaron «porque se concedió en su momento una licencia de obra sin el aval de informes técnicos», concluyó.