El Ayuntamiento destinará más de 4,5 millones para Inclusión Social

El último pleno ordinario de esta legislatura aprobó ayer un Plan Municipal Sectorial de Acciones para la Inclusión social que estará en vigor hasta 2020. La medida se adopta ante la necesidad de adecuar el actual -vigente desde 2005- «por la nueva realidad socioeconómica derivada de la crisis» y las nuevas «demandas sociales» que se dan en la ciudad, explicó durante la sesión plenaria la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Aitana Hernando. Entre ellas, la necesidad de atender el incremento de la demanda de prestaciones sociales dirigidas a la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia o la incorporación al sistema de familias españolas por el aumento de personas en riesgo de desahucio. Pero, según la edil socialista, también se ha incrementado la demanda de empleo de mujeres «al perder su cónyuge la única fuente de ingresos familiar, mayoritariamente procedentes del sector de la construcción». Además, han surgido «nuevas realidades», como situaciones de pobreza energética, con la imposibilidad de algunas familias de atender el pago de suministros básicos como luz o calefacción.El plan, que para su elaboración ha contado con aportaciones de los tres grupos municipales y las asociaciones representadas en el Consejo Municipal de Servicios Sociales, se basa en dos pilares: el empleo y la vivienda. Con respecto al primero, el objetivo es «incrementar la empleabilidad», sobre todo en el colectivo de personas más vulnerables. El plan recoge multitud de medidas formativas y otras destinadas a impulsar la creación de empresas de economía social, el fomento de los centros especiales de empleo y «el compromiso del Ayuntamiento de que de ahora en adelante se recojan en los pliegos de contratación pública cláusulas sociales para asegurar la empleabilidad de estas personas que tienen menos posibilidades de acceder a un trabajo», explicó la portavoz del PSOE.En cuanto al ámbito de la vivienda, este plan de inclusión contempla medidas como mantener y crear nuevas líneas de ayudas al alquiler o el pago de suministros.También se contempla la protección integral a familias en riesgo de desahucio a través de la oficina de interlocución hipotecaria manteniendo a su vez la colaboración con las entidades asistenciales. Asimismo, se intentará fomentar la educación financiera «a nivel preventivo cuando se detecte un riesgo y reparador cuando ya exista un problema» y se tratará de garantizar el mantenimiento de la vivienda a quienes se encuentren en riesgo de perderla.Las líneas estratégicas del plan se basan fundamentalmente en la atención «a la persona» de manera individualizada, pero sin desatender la ayuda a colectivos, como consecuencia del nuevo perfil de demandantes de servicios sociales.El compromiso de financiación que se refleja en el documento aprobado ayer establece una aportación de  4.6 millones de euros en los 5 años de vigencia del plan, de los que el Ayuntamiento aportaría, «en principio»  3,1 millones, mientras que la Junta de Castilla y León sufragaría 1,4 millones de euros restantes.