CGT lleva el desmantelamiento de la estación de tren al juzgado

Quince días después de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) hiciera caso omiso a la protesta de ciudadanos, políticos y sindicatos, y ratificara su decisión de cerrar la estación arandina de El Montecillo y trasladar a sus cinco trabajadores a otros puntos Burgos y Valladolid, el sindicato CGT ha decidido dar un paso más y ha interpuesto ante el Juzgado de lo Social una demanda sobre conflicto colectivo para evitar el desmantelamiento del servicio.En su argumentación, CGT entiende que el expediente de movilidad que pretende llevar a cabo Adif, no está justificado e incumple las obligaciones emanadas de la Ley del Sector Ferroviario, al no solucionar el bloqueo y reparación del túnel de Somosierra, e impedir la circulación ferroviaria en la línea Madrid- Burgos.Aunque Adif asegure que la paralización de la reparación responde a «decisiones políticas», para CGT es tan solo una excusa, pues la misma ley establece que la administración Adif, integrada en la red ferroviaria de interés, debe mantener y gestionar el sistema de control, de circulación y de seguridad.Sorprende además el momento escogido, si se tiene en cuenta que el cierre programado para el 1 de septiembre, coincidirá casi en el tiempo con la apertura del ramal ferroviario Prado Marina, que ha costeado la Junta de Castilla y León con 3,5 millones de euros. «La movilidad geográfica de los trabajadores de la estación de Aranda dificulta las perspectivas reales de movilización de circulación y posibles prestaciones de servicios complementarios y auxiliares a las operadoras, especialmente ante la construcción del nuevo ramal», advierten. Están preocupados también por el deterioro que sufrirán otras infraestructuras como el edificio de la estación, los andenes y otras instalaciones de seguridad como agujas o señales, «por acciones de vandalismo y sabotajes».Por todo ello, piden al juez que antes de tomar una decisión pida al Ministerio de Fomento el informe de viabilidad de la línea férrea que encargó a Ineco, «algo esencial para determinar la viabilidad de los puestos de trabajo». Además, la demanda insta a aplicar medidas cautelares que paralicen este desmantelamiento, a su entender, innecesario. «No existen razones económicas, técnicas, organizativas y de producción que justifiquen esta medida que sin duda empeorará la capacidad competitiva de Adif», señalan.ReuniónPor su parte, la Plataforma por la Recuperación del Ferrocarril Directo Madrid- Burgos, ha convocado una reunión que tendrá lugar el sábado en el arandino centro Cultural Caja de Burgos, que unirá a todas las partes interesadas en el futuro de la línea férrea.Bajo esta perspectiva, están convocados todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales afectados por el trazado así como la Junta, la Comunidad de Madrid, operadoras ferroviarias, asociaciones empresariales (Prado Marina, FAE Burgos, Asemar), Cámaras de Comercio y asociaciones de vecinos.Todo ello con un objetivo, elaborar un documento en el que se reivindique la demanda de esta línea, y se recuerde tanto a la ministra como a Adif o incluso Europa, las ventajas económicas y energéticas que supondría a la comisionaría de transportes de la UE.