El Correo de Burgos

BUREBA

El RACC propone que sea obligatorio el traslado de camiones a autopistas

Actualmente está en marcha un programa piloto de carácter voluntario que incluye la AP-1

El tráfico de camiones por la N-I se mantiene muy alto pese a la bonificación de la AP-1.-G. G.

El tráfico de camiones por la N-I se mantiene muy alto pese a la bonificación de la AP-1.-G. G.

Publicado por
GERARDO GONZÁLEZ
Burgos

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La Fundación del Real Automóvil Club de Cataluña, RACC, ha presentado un informe bajo el título ‘La concentración del tráfico pesado en las vías más seguras’, en el que recoge la necesidad de aplicar de forma obligatoria el desvío de camiones a las autopistas además de aumentar los tramos estudiados por fomento originalmente.Cabe recordar que hace apenas tres semanas se puso en marcha a nivel nacional un plan piloto, que incluye la autopista AP-1 como alternativa a la N-I, de carácter voluntario para camiones de más de tres ejes en seis tramos de la red vial.En el estudio se recogen los datos estadísticos del último informe EuroRAP que catalogaba a la carretera N-I, dividida en dos tramos, en la comarca burebana con el Nivel Rojo -elevado- en cuanto a las posibilidades de que los conductores sufran un accidente grave o mortal.De hecho, el tramo más peligroso de la red de carreteras del Estado en Burgos correspondía al comprendido entre Prádanos de Bureba y Santa María Ribarredonda, resultando una media de accidentes graves de 4,3 anuales y una IMD de 8.229 vehículos día.Por su parte, el segundo tramo de la N-I en la zona roja es el comprendido entre Monasterio de Rodilla y Prádanos, 11,4 kilómetros, con una media de 2 accidentes anuales y una IMD de 9.016 vehículos día.El único motivo por el que ninguno de los dos tramos de la N-I se colocaban en la zona negra de riesgo muy elevado respondía únicamente al sistema de cálculo utilizado ,ya que por número de siniestros graves o mortales está entre las diez más peligrosas de España recogidas en el estudio.La elección, por tanto, dentro del plan piloto de desvío voluntario de camiones, con una bonificación del 50%, se funda en gran medida sobre este estudio elaborado por el RACC.Dentro del último estudio, en el apartado donde se analizan la evolución de la siniestralidad a nivel nacional se resalta que «todo apunta a que una proporción significativa de los accidentes entre turismos tiene lugar durante maniobras de adelantamiento de camiones».«Esto sugiere que una elevada intensidad de tráfico de camiones acabe afectando significativamente a la accidentalidad entre turismos». Respecto a este punto en el caso de la N-I el tráfico pesado por la carretera convencional supera, de forma habitual, a la cifra de turismos que realizan en mismo recorrido con lo que las situaciones de riesgo potencial por adelantamientos superan la media estadística nacional.ConvencionalesLógicamente, esta situación da completamente la vuelta en la autopista de peaje, donde la cifra de camiones es muy inferior a la de turismos y no existe el riesgo de adelantamientos. Lo recoge el citado informe destacando que «en el caso de los camiones se observa que la gravedad de los accidentes es mayor en las carreteras convencionales que en las vías de gran capacidad. En las primeras, el 29% de las víctimas fueron mortales, mientras que en las vías de gran capacidad lo fueron el 19%».Al margen de las estadísticas sobre siniestralidad y vías en el informe se recoge algo poco habitual como es el coste social de la accidentalidad que, según la DGT, se ha estimado en 1,4 millones de euros por fallecido, y en 219.000 euros por herido grave.También dentro del análisis económico del desvío obligatorio el informe recoge que «no haría falta que la Administración compensase a las concesionarias de autopistas dado que es deseable que la reducción del peaje se compense por un aumento del tráfico que haga que la recaudación de las concesionarias no disminuya, si no que de hecho aumente ligeramente».Cabe recordar que la postura de la DGT en el inicio del proyecto de desvío de camiones a las autopistas paralelas coincidía con la del RACC en lo relativo a la obligatoriedad para ser una forma efectiva de reducción de la siniestralidad en las carreteras convencionales.

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