Continúa la batalla judicial por la plaza de toros

Aunque llega con cuatro años de retraso, el último fallo judicial en el que el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Burgos da ahora la razón a la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, al admitir su recurso de reposición contra la licencia provisional que otorgó el Ayuntamiento de Aranda en las fiestas taurinas de 2011. Y podría servir de precedente para el recurso que también ha presentado la Plataforma contra la licencia de apertura que concedió el año pasado la alcaldesa con el apoyo de los concejales Alfonso Sanz, Azucena Esteban y María Ángeles Marín.«Entendemos que a excepción de la capa de asfalto que se puso en el parking exterior, no se ha hecho ninguna obra más de las que se hicieron en 2011 por lo que la situación es muy similar», considera el abogado del colectivo ciudadano, Julián Mateos. Éste recuerda que por parte de la Plataforma hay pendientes otros dos recursos contra la caducidad de la licencia y contra la declaración de uso excepcional de suelo rústico que se dio para dar vía libre al aparcamiento.En el último auto en el que el juez declara nula la licencia de 2011, se condena a pagar costas a las partes demandadas: Toros Ricor y el Ayuntamiento de Aranda. Los dos tienen un plazo de 15 días para presentar un recurso de apelación de conformidad con el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso­ Administrativa.Pero el enfrentamiento judicial por la plaza tiene otros frentes abiertos. Por un lado, está la impugnación con la que el empresario pretende no pagar los 700.000 euros de la adjudicación del coso. Por otro, la querella que presentó el PSOE contra los ediles que firmaron la licencia definitiva por un presunto delito de Prevaricación Urbanística.«El juzgado archivó la causa a petición de la Fiscalía y ahora está pendiente de la Audiencia Provincial», señala Mateos, visiblemente indignado por «la actitud parcial» de una fiscalía que actúa de una manera completamente distinta cuando el cuestionado no es el Ayuntamiento sino la Plataforma ciudadana. «A diferencia de esta querella, en la que presentó la alcaldesa contra la plataforma, por injurias y calumnias, la fiscalía es la que quiere que siga la causa abierta», lamenta.ExpedientesY aunque el colectivo entiende que los expedientes sancionadores contra Toros Ricor «han prescrito», al conocer que el Ayuntamiento defendió su vigencia en uno de los juicios, la Plataforma volverá a presentar un nuevo recurso para que se retome un procedimiento que podría suponer a las arcas municipales un ingreso de hasta 3 millones de euros.«Según ellos, el plazo comenzó a contar cuando finalizaron las obras», explica preocupado porque siguiendo esta teoría, ya ha pasado el primer año de los cuatro que hay antes de que prescriba. «Si como siempre no contestan acudiremos a los tribunales penales a ver si la fiscalía ve las cosas de otra forma».Desde la Plataforma lamentan la actitud de un equipo de Gobierno que en su opinión trabaja más por favorecer los objetivos del empresario Victoriano del Río que por defender los intereses de la ciudad de Aranda.