MIRANDA
La Policía Judicial investigará la quema reiterada de contenedores
En la última semana han ardido cinco / Se estrecha el cerco para encontrar al culpable
La mayoría de contenedores incendiados son los de papel y cartón.-E.M.
La Unión Temporal de Empresas (UTE) Miranda de Ebro, encargada del servicio municipal de limpieza en la ciudad ha interpuesto en la sede de comisaría de Policía Nacional la correspondiente denuncia por la quema reiterada de contenedores. De esta forma, la brigada judicial iniciará los trámites oportunos para continuar la investigación pertinente que permita encontrar a los autores de estos actos vandálicos que, tan sólo en una semana, han calcinado cinco nuevos contenedores, en la mayor parte de los casos de color azul, correspondientes al depósito de papel y cartón.Como la empresa adjudicataria de la limpieza se encarga de gestionar los depósitos de residuos urbanos, finalmente se ha tomado la decisión de interponer la denuncia para continuar con una investigación que ahora gestionará la brigada judicial de Policía Nacional, toda vez que Policía Local «ya ha traspasado la documentación para que puedan hacer su trabajo», detalló a este periódico el concejal de Seguridad Ciudadana, Joaquín Muñoz.El incendio de varios de estos elementos urbanos durante la última semana había propiciado que la Policía estrechase el cerco de la investigación a un único sospechoso contra el que habría estado reuniendo pruebas tras haber recibido el testimonio de testigos. Además, se ha iniciado el proceso de visionado de las cámaras de videovigilancia de algunos establecimientos colindantes a los contenedores incendiados para poder confirmar la identidad del autor. Una circunstancia que, según confirmó la primer teniente de alcalde, Laura Torres, preocupa al Ayuntamiento no solo por el coste que genera su reparación o reposición, sino por el incremento del vandalismo local en este sentido.Según datos facilitados por Muñoz, el coste aproximado por contenedor ronda los 2.500 euros. Por si fuera poco, durante los últimos 5 años el Ayuntamiento habría invertido alrededor de 200.000 en la sustitución de casi un centenar de ellos, además de la reparación o recuperación de los que resultaron dañados pero han podido reutilizarse. En lo que llevamos de año, han ardido unas 30 unidades, de las que la mayor parte han quedado inutilizables. Y es que más allá del riesgo evidente de la quema incontrolada de mobiliario público -en el que pueden salir dañados elementos colindantes como vehículos o viviendas-, se añade el coste público que estos actos vandálicos conllevan para las arcas municipales.Habitualmente, es la empresa encargada del servicio de limpieza la responsable de reponerlos, y aunque en la mayoría de las ocasiones no se consigue identificar a los causantes de los desperfectos, «algunas veces se les ha podido localizar e interponer denuncia», para aplicar la normativa en vigor, por lo que «no deja de ser un delito», explica el concejal.