Viranda baraja su renuncia a las 73 viviendas del proyecto Vía 10

El próximo Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (Viranda), que se celebrará «en fechas próximas aún por determinar», valorará renunciar al proyecto de Vía 10 que se rubricó en febrero de 2010 para la constitución de una sociedad mixta de gestión de alquileres participada por Viranda y la extinta Caja de Burgos para la construcción de 60 pisos en régimen de alquiler social con opción a compra en la zona de ampliación del PR1, en Ronda del Ferrocarril. Un proyecto que ha pasado por diferentes fases desde la integración de Caja de Burgos en Banca Cívica y luego CaixaBank hasta cambios posteriores que en la última etapa planificaba la construcción de hasta 73 viviendas y que ahora podría desaparecer en detrimento de otra propuesta que ayer adelantó en rueda de prensa la alcaldesa, Aitana Hernando.A las preguntas de los medios sobre el estado en el que se encuentra el desarrollo de Vía 10, Hernando señaló que en el próximo Consejo de Administración «habrá que estudiar la situación actual» para tomar una decisión sobre si el proyecto «debe continuar tal y como está» o dar paso a otra propuesta «que aborde el alquiler social también con esta entidad financiera». De esta manera, dio a entender que la decisión pasará por concretar «si entramos en una nueva construcción o a lo mejor es más interesante entrar a valorar con la entidad si tiene viviendas que puedan ponerse a disposición de las personas a un alquiler social». De hecho, reconoció que en 2010 era un proyecto «interesante», «social» y «positivo» para la ciudad, pero tras una época «de crisis económica dura» la situación ha cambiado.Para ello, la regidora cree que también habrá de valorarse la situación de Viranda, «sus funciones» y «cómo acometemos la necesidad de vivienda». Así, Hernando desechó a priori la propuesta de la propia Empresa Municipal de la Vivienda de plantear una demanda contra CaixaBank para intentar acelerar la puesta en marcha del proyecto bajo la creencia de que demandar «a corto plazo no soluciona nada, porque los procedimientos judiciales, además, tardan», declaró.Cesión de viviendasDesde el Ayuntamiento se recibe como una «buena noticia» que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) haya cedido a la Junta de Castilla y León 100 de las viviendas que posee en la Comunidad para destinarlas a alquiler social y de las que un porcentaje «aún por determinar» podrían corresponder a Miranda. Un acuerdo de cesión por cuatro años por el que el Gobierno regional pagará a Sareb 66.000 euros en concepto de alquiler. Durante ese tiempo, ambos organismos compartirán la distribución de los gastos derivados de la propiedad de las viviendas, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o la comunidad de vecinos.Se trata de «un apoyo más», explicó la alcaldesa, a otros instrumentos municipales como la propia Viranda -en el que «particulares ponen a disposición del Ayuntamiento sus viviendas para promocionar el alquiler social»- o la oficina de interlocución hipotecaria, donde acuden personas «ya en riesgo de no poder atender el pago de su hipoteca» y para quienes «suele negociarse» la reestructuración de la deuda mediante una dación en pago y un alquiler social «para que puedan tener una vivienda», concluyó.