UGT confía en su demanda contra la sentencia de los funcionarios

Aunque en 2014 se alcanzó un acuerdo con la parte social por el que se establecían las bases para ejecutar la sentencia de los funcionarios siguiendo los parámetros aprobados por el Pleno en 2012 -guiándose por un informe del letrado Mayor se interpretaba que los 120 trabajadores afectados sólo tenían que devolver las cantidades percibidas de más durante 2000, 2001 y 2002-, los funcionarios no se rinden y confían en que la justicia cierre este capítulo de una vez por todas.«Tenemos en el juzgado de lo Contencioso una demanda donde defendemos que está prescrito y que se tiene que invalidar su aplicación», asegura el representante sindical de UGT, Andrés García. Recuerda que en estos años se han dado «actos firmes y consentidos», como Presupuestos o plantillas, que han convalidado el acuerdo de funcionarios.El sindicato adoptó esta vía tras desestimarse el incidente de ejecución que presentó junto a 30 empleados públicos, para que la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) anulase el acuerdo de Pleno del 26 de febrero de 2015, donde se aprobaron definitivamente los importes abonados en exceso a los funcionarios. «Sólo se pronunció sobre si el Pleno había ejecutado bien la sentencia».Mientras el juicio se resuelve, el proceso de devolución ya ha comenzado. «Se empezó a aplicar en septiembre» informa el concejal de Hacienda, Máximo López. Por el momento, la medida sólo atañe a los empleados afectados por la resolución que actualmente forman parte de la plantilla municipal. A ellos se les descuenta de la nómina en función de cada caso, porque no todos deben devolver igual cantidad, pues sobre un total de 459.373 euros, éstas van de 500 a 7.700 euros.Más difícil se presenta la ejecución de la sentencia en el caso de los trabajadores que se han jubilado o que han fallecido (de cuya deuda deberán hacerse cargo sus herederos). «Es complicado», admite el edil del Partido Popular consciente de que una vez notificado el acuerdo, los afectados tendrán un plazo que irá de los dos meses a los cuatro años.La historia de esta sentencia dictada por el TSJCYL el 6 de septiembre de 2002 se remonta al año 2000 cuando los grupos políticos y sindicatos pactaron una subida que no se ajustaba a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Entonces la iniciativa se adoptó en Pleno con los votos a favor del PSOE y la entonces RAP, el voto en contra de IU y la abstención del PP.Ya en el año 2012, el Pleno acordó ejecutar la resolución y ajustar la temporalidad al trienio 2000- 2002, y no desde 2000 hasta la actualidad, como entendía Izquierda Unida. De haberse seguido este camino la devolución superaría los 2,8 millones de euros.