Oña saldará este año la deuda ‘histórica’ con sus 13 pedanías

El conflicto que mantenían desde hace 15 años las pedanías con el Ayuntamiento de Oña quedará definitivamente resuelto a lo largo del presente año gracias a una partida económica de 135.000 euros incluida en los presupuestos del ejercicio 2016. Con este pago, se liquidarán los atrasos acumulados en las aportaciones de la villa Condal a los 13 núcleos que a partir del 2017 percibirán las cantidades a año vencido que les corresponden regularmente. Terminar con este litigio fue uno de los objetivos del actual alcalde oniense, Arturo Pérez, desde que ocupó el cargo en su primera legislatura. Y es que tal y como explicó entonces, el Consistorio arrastraba «una deuda importante que sumada a las restricciones de gasto que nos impone la ley, reduce el margen de maniobra».Al tratarse de un tema de tan largo recorrido en el tiempo, los esfuerzos por conseguir un acuerdo único para el reparto impulsado por Pérez se prolongaron tres años -con los consiguientes atrasos sin éxito-, por lo que finalmente se firmaron convenios individuales esas 13 localidades.Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el conjunto de las pedanías recibe 92.000 euros anuales de acuerdo a un criterio de proporcionalidad en base al volumen de población, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbanos y rústicos y los recibos de vehículos que  se cobran en esos núcleos; que oscilan 15.000 y 3.000 euros.Tras el desbloqueo de la situación, el Consistorio abonó la totalidad de las cantidades pendientes de los años 2012 y 2013. Además, aportó la mitad del 2014 el pasado ejercicio.Así las cosas, se entregarán las cantidades correspondientes a la segunda parte de 2014 y la totalidad del 2015 antes de finalizar el año, con lo que las cuentas pendientes quedarán a cero.Cabe recordar que el abono de las aportaciones siempre se realizarán a año vencido, de ahí que lo que corresponde al actual ejercicio estará dentro de los presupuestos municipales que se aprueben para el año 2017.La importancia de este asunto para el conjunto de las 13 entidades locales menores de Oña quedó de manifiesto al corresponderles en sus respectivos presupuestos municipales entre el 90% y el 50% del capítulo de ingresos.Precisamente, por ese peso fundamental, en 2001 se desato el conflicto entre la cabecera y sus pedanías, que tras varios años de desencuentros en las negociaciones acabaron en los tribunales.Hace una década, el Tribunal Supremo declaró «nulo por defectos formales transcendentes» el convenio de reparto a las pedanías onienses, impugnado en aquel momento por las entidades locales menores de Barcina, La Molina y Zangandez. No obstante, dedicaron casi un lustro a buscar el respaldo de los tribunales para reclamar que su proximidad a la central nuclear de Garoña fuera recompensada económicamente.La sentencia determinó que deberían ser los regidores de la cabecera y de las pedanías quienes deberían alcanzar a un acuerdo en las cuantías a percibir, una situación que se ha prolongado casi una década. En este periodo de tiempo, el tema no solo ha generado polémica entre los distintos ayuntamientos. También en la Corporación de Oña, con posturas encontradas sobre otras asignaciones a las pedanías.Sin lugar a duda, la polémica más conflictiva entre el equipo de Gobierno popular y la oposición socialista tuvo que ver con las ayudas concedidas por la Junta de Castilla y León a Oña al situarse dentro de los municipios del Parque Natural Montes Obarenes y su falta de reparto con las pedanías.La situación se repitió con el Plan E y el Plan 5000, cuyas subvenciones no llegaron a ninguna de las 13 localidades, lo que motivó el voto en contra a las inversiones propuestas por parte del PSOE desde la oposición.