El contrato de T-System de gestión informática provincial sigue adelante

El contrato de la gestión de datos y de modernización de las plataformas informáticas de la Diputación que en 2015 ésta encargó a la empresa T-System «seguirá su curso, tras confirmar el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tercyl) que se hizo como se debía», explicó ayer el portavoz del equipo de gobierno, Borja Suárez. «De hecho, ha desestimado el recurso presentado por el grupo provincial de Ciudadanos (C’s), de ahí que el proceso continúe, lo que supondrá un trabajo de 4 años para la mejora del sistema y resguardo de datos».El popular afirmó que si bien respeta el derecho de la oposición a presentar recursos contra procedimientos que considere no conformes a la ley, «sí les pido que en futuras ocasiones, antes de iniciar procesos como éste sean más rigurosos, y pregunten sus dudas antes de lanzar acusaciones», reclamó. «Porque con ello se pone en duda no sólo el trabajo de los técnicos sino la transparencia de la labor de las instituciones», reprochó, recordando que el PP hizo uso del artículo 170e que permite la contratación mediante negociado sin publicidad en algunos casos concretos,Sin embargo, desde el equipo denunciante la lectura de la decisión del órgano regional fue distinta a la comentada ayer por el representante popular. Así, el portavoz de C’s en la Institución Provincial, Lorenzo Rodríguez, avanzó que «entendemos haber actuado con rigor como lo seguiremos haciendo, por lo que estamos consultando a abogados sobre la vía a seguir para evitar esta adjudicación, en la que hemos echado en falta muchas más transparencia», anunció. «Porque entendemos que el montante de 2,1 millones de euros de dicha adjudicación merece mayor transparencia, sobre todo cuando en 2001 se le concedió por apenas 114.000 euros», argumentó el portavoz en su recurso.Y es que en su opinión, el Tarcyl no desestima el recurso de C’s contra la adjudicación sino que lo rechaza «porque no hemos presentado documentación sobre una empresa alternativa a la elegida, entendiendo el organismo que no la hay cuando no es así, la hay y presentó alegaciones en contra», recalcó Rodríguez.De ahí que estén buscando cómo detener nuevamente «un proceso que no vemos nada claro», insistió Rodríguez. Pero quieren evitar la vía del contencioso administrativo que marca el Tarcyl en su sentencia emitida a finales de diciembre del pasado año. «Ya que aparte de suponer gastos monetarios, el mayor problema es que dilatará todo este proceso durante dos o tres años más, en los que la empresa ya habrá iniciado el cambio de los sistemas», remarcó Rodríguez.