RESPOSANBILIDAD PATRIMONIAL
El Ayuntamiento ultima la reclamación por la riada de 2015
Un informe determina que la CHE no predijo con exactitud las consecuencias
Imagen de un garaje afectado por las avenidas del Ebro.-E. M.
Los afectados por la riada del 31 de enero del año pasado disponen desde hoy de un nuevo instrumento para plantear sus demandas. El Ayuntamiento de Miranda está ultimando una reclamación de responsabilidad patrimonial por vía administrativa por los daños a consecuencia de las indundaciones del pasado invierno, que se achacan a las gestiones llevas a cabo por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) durante esos días. El Consistorio presentará ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) una reclamación por aquellos daños por los que no ha sido indemnizado, Es el caso de calles, caminos, o las horas extra invertidas por los empleados públicos sustentada en el informe técnico encargado por la Corporación para determinar la causalidad de las inundaciones con respecto a las actuaciones de la CHE.
En este sentido, el dossier explica que los sistemas de la Confederación no predijeron con exactitud y suficiente antelación los episodios de lluvia y nevadas en la cuenca alta del río, pero sí pudo hacerlo el sistema europeo EFAS (European Flood Awareness System), que predijo una situación más desfavorable.
Asimismo, en las conclusiones del informe puede leerse que el organismo de cuenca dio una previsión de 800 metros cúbicos por segundo sobre la que aplicaron las ‘curvas de gasto’, con las que se calcula la altura que puede alcanzar y por dónde se va a desbordar el río, aunque finalmente el aforo llegó a superar los 1.400 metros cúbicos por segundo, de los que, además, la CHE sólo admitió unos 1.022.
El Ayuntamiento contrató este informe a Autritecnia el pasado 29 de septiembre «para establecer la relación de causalidad entre la acción de la CHE y los resultados dañosos de la riada», explicó la alcaldesa, Aitana Hernando. Un informe técnico elaborado por un especialista que arroja estas conclusiones de un suceso que causó «numerosísimos daños», apuntó la regidora. Por otra parte, dada la imposibilidad legal de reclamar daños de particulares, ya que únicamente puede -de conformidad con la ley- exigir los propios, la Administración local pondrá a disposición de los ciudadanos dicha posibilidad «para que puedan hacer uso de ella en el caso de que quieran plantear reclamación», manifestó. Así, desde hoy, los particulares podrán acudir al Servicio de Atención Ciudadana (SAC) y solicitar el modelo, en el que cada reclamante sólo añadir sus propios daños. Se trata de un acuerdo alcanzado en la reunión mantenida por la propia alcaldesa y técnicos municipales con representantes de la plataforma de afectados por la riada, cuyos miembros aportaron datos «que ya no se conservan en la página web de la Confederación, pero nosotros aún guardábamos y hemos podido hacerles llegar», explicó el portavoz del colectivo, José Antonio González.
A pesar de que desde fuentes municipales se recalca que el Ayuntamiento no puede actuar en representación de los ciudadanos en una demanda conjunta, desde el plataforma recuerdan precedentes de municipios de Aragón, Navarra o La Rioja, donde «fueron las propias administraciones quienes defendieron los derechos de sus ciudadanos». Por ello, han solicitado a los servicios jurídicos municipales que verifiquen «si podría llevarse a la práctica una gestión similar».
Para el colectivo, es evidente que existió una mala praxis por parte de la Confederación, que erró en sus previsiones iniciales con lo que los destrozos fueron mayores, al tiempo que entienden que una correcta gestión del pantano de Sobrón podría haber aminorado las consecuencias.