El RAP exige que Sanz dimita por la mala gestión del matadero

Para el grupo Renovación Arandina Progresista (RAP), el escrito registrado en el Ayuntamiento por la empresa adjudicataria del matadero «no genera sorpresa pero sí indignación, ya que llevamos meses advirtiéndoselo al equipo de Gobierno y no han hecho nada», reprocha el concejal del grupo de la oposición, Rubén Moro. Escrito en el que la adjudicataria anuncia su decisión de abandonar la instalación cuando expire el contrato en marzo, ante la imposibilidad de concurrir a un pliego para la venta de la parcela que todavía no ha sido publicado. Moro se muestra así molesto porque aunque le han dado varias vías de solución, no ha habido voluntad. «Debería dimitir tanto el concejal responsable del área, Alfonso Sanz, como la alcaldesa, Raquel González», exigió. En juego 28 puestos de trabajo los cuales, según el RAP, «se podían haber garantizado». Y es que, a su entender, el equipo de Gobierno «ha caído en el error de pretender sacar a la enajenación un rédito económico», en lugar de velar por la pervivencia del servicio y de los puestos de trabajo. Además, tras conocer que en la oficina de obras había 4 expedientes relacionados con el matadero, explica que entre se encuentra una posible solución como sala de despiece, «y todos ellos han estado dormitando durante meses en el despacho de una trabajadora que estaba de baja». Desde el RAP temen que haya intereses por dilatar el expediente y retrasar su tramitación, «sería vergonzoso que este Ayuntamiento permitiese la desaparición de 28 empleos», añade Eusebio Martín. En el escrito, el gerente de Hermanos Chico, José Carlos García Sanz, recuerda que el contrato expiró el 10 de septiembre de 2013, veinte años después de entrar en vigor. Conscientes de la importancia del servicio, la alcaldesa y la empresa acordaron aplazar la fecha 6 meses, con el fin de que el Consistorio pudiese tramitar y aprobar los expedientes de desafectación de la parcela y de enajenación. «A pesar de los numerosos contactos y reuniones mantenidas hasta la fecha, en las que se les ha mostrado el interés de esta empresa en poder concurrir y adjudicarse la parcela en cuestión, para dar continuidad a la actividad y mantener los puestos de trabajo cubiertos actualmente, la situación actual nos aboca irremisiblemente a la extinción del contrato, al desalojo de las instalaciones y a la adopción de medidas indeseadas en relación con los contratos de los empleados de esta empresa en el matadero municipal», lamenta García.