Toros Ricor gana tiempo pero debe pagar 700.000 euros al Ayuntamiento

En una sentencia muy técnica, el Juzgado Contencioso Número 2 de Burgos ha resuelto el recurso que interpuso Toros Ricor contra el acuerdo del Pleno en el que el Ayuntamiento de Aranda declaró nula -el 27 de enero de 2011- la compensación del pago de los primeros 350.000 euros -que llevó a cabo el entonces alcalde, Ángel Guerra- y acordó reclamar el segundo pago de 350.000 euros por entender que el arquitecto ya había presentado la certificación final de obra.Aunque el juez da en parte la razón a Victoriano del Río al dictaminar que antes de declarar nula la compensación el Ayuntamiento tenía que haber abierto un expediente previo a la liquidación y dar a la empresa la posibilidad de alegar y de defenderse, el auto sostiene que el pago debe efectuarse al no caber la compensación.En cuanto al segundo pago pendiente de 350.000 euros, el magistrado considera que en el momento del Pleno la certificación de final de obra de la plaza todavía no era definitiva, por lo que no cabía la reclamación. Una circunstancia que ahora sí se cumple, ya que Toros Ricor presentó la certificación en agosto de 2014.Bajo esta perspectiva, la sentencia no condena a Victoriano del Río a ningún desembolso inmediato, pero sí aclara que el empresario deberá pagar en cuanto el Ayuntamiento «tramite bien» la anulación de la compensación -respecto al primer pago- y solicite el segundo por la certificación de la obra presentada.Frente a la presente sentencia cabe recurso de apelación de conformidad con el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el cual deberá presentarse en el plazo de 15 días siguientes a su notificación.Para la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, se trata de un auto que deja cuestiones de interés como que el Ayuntamiento sí puede interpretar el contrato de adjudicación sin necesidad de acudir a los tribunales o que la compensación entre el precio y el canon -por el uso que en teoría hace el Ayuntamiento de la plaza de 12 días al año- no tiene cabida. «En definitiva, la obligación del pago del precio por parte de Toros Ricor existe y es exigible. Otra cosa es que el Ayuntamiento se lo reclame», advierte el abogado del colectivo, Julián Mateos.Por otro lado, está pendiente el recurso que presentó la Plataforma contra la licencia de apertura que concedió en septiembre de 2014 la alcaldesa, Raquel González, con el apoyo de los ediles Alfonso Sanz, Azucena Esteban y María Ángeles Marín. «Están abiertos a periodo de prueba», explica Mateos con la esperanza de que la sentencia con la que el tribunal dio la razón a la Plataforma al admitir su recurso de reposición contra la licencia provisional que otorgó el Ayuntamiento de Aranda en las fiestas taurinas de 2011 sirva de precedente.