Nuevo jarro de agua fría para los propietarios de Sarracín

Los dueños de las parcelas afectadas por el plan urbanístico ideado hace casi una década para Sarracín -para crear más de 10.000 viviendas y un polígono industrial-, y que motivó un exagerado pago del IBI al constar como suelo urbano en lugar de rústico, acaban de recibir un nuevo jarro de agua fría. Y es que tras reclamar judicialmente la aplicación de una sentencia emitida en Extremadura ante un caso similar, que obligaba a devolver la catalogación original como rústicas de las parcelas, «ese cambio es una trampa, pues vuelven a ser rústicas pero se nos valora dicho suelo a un precio muchísimo más alto del habitual», denunciaban algunos de estos propietarios.Como ejemplo del baile de cifras, detallan que si bien el metro cuadrado en suelo urbano ronda los 59 euros de valoración, «en suelo rústico en el pueblo rondaba unos 0,30-0,40 euros de forma generalizada, mientras que a partir de ahora será de más de 2 euros, dependiendo además como detalla el catastro hecho por el Ministerio de Hacienda, de dónde se halle pues varía ‘según localización’ más o menos cerca del pueblo», argumentan.«Así como el coeficiente de IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) que van a cobrarnos, donde si antes pagábamos apenas 0,10 será ahora de un 0,65», detallan. «El resultado, que van a cobrarnos prácticamente lo mismo que hemos estado pagando hasta ahora que constaban como urbanas», se lamentan, hartos de ver cómo siguen peleando mientras sobre algunos hay amenazas de embargo. «Y todo por un plan urbanístico exagerado que nosotros no pedimos pero sí lo sufrimos».Por ello, los propietarios anuncian que en cuanto se les giren los nuevos recibos lo llevarán a los tribunales, «e incluso estudiaremos si ir con todo esto a la Fiscalía para acabar de una vez con esta historia, que no es más que un pelotazo urbanístico que estamos sufriendo nosotros».En 2014, cerca de una docena de los propietarios más afectados -al tener más tierras pues la gran mayoría son pequeños dueños a los que la subida no les afectó tanto-, pidieron que se aplicara la sentencia extremeña.Marcaba que se cobrara el IBI correspondiente al uso del suelo y no a su catalogación si los planes urbanísticos no se habían realizado. Sin embargo, el catastro rechazó el recurso, lo que llevó la queja vecinal al Contencioso Administrativo del que esperan respuesta.Entre medias, tuvo lugar la publicación de una ley estatal que permitió al actual Consistorio paralizar el cobro de los recibos como urbanos este verano. Vía para intentar frenar todo el proceso con la que, sin embargo, no contó la anterior corporación socialista, que también veía injusto el cobro como urbano de unas parcelas donde hoy sus dueños siguen plantando trigo y cebada. Tras contactar ayer este periódico con la actual alcaldesa, Rodrigo declinó de forma amable hacer declaraciones por ahora, aunque sí confirmó que «esa nueva valoración está ya en el catastro», pero sin avanzar qué medidas tomará el Consistorio.