Sarracín se reúne con ‘la Caixa’ pero no logra ningún compromiso

El Ayuntamiento de Sarracín y responsables de ‘la caixa’ mantuvieron ayer una reunión en la localidad para analizar el punto en que está el plan urbanístico aparcado desde 2007 -que preveía crear un polígono industrial y 10.000 viviendas-, y que ambos acordaron impulsar tras la firma de un convenio. «La reunión -que se ha mantenido en un clima cordial y distendido- era en verdad un encuentro que quedó aparcado el pasado año, para después de las elecciones de diciembre», comentó tras el encuentro la alcaldesa, la popular María Elena Rodrigo.Añadió que en ella trasladó a los responsables de la entidad bancaria las preocupaciones de los propietarios de los terrenos incluidos en dicho plan, así como el interés de éstos por saber si iban a poder contar con ‘la caixa’ en la lucha en los tribunales que mantienen por lo que consideran un exagerado cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Y es que al no llevarse a cabo el plan, la cantidad a pagar de IBI por estos suelos «subió desorbitadamente al estar catalogados como urbanos unos terrenos que seguimos utilizando para cosechar trigo y cebada», llevan años reprochando los dueños afectados.«Sin embargo, el único compromiso logrado es que trasladarán a sus superiores estas preocupaciones así como la situación en que se encuentra ahora el tema, tras haber cambiado las circunstancias». Cambios derivados en gran parte, por la aplicación en verano de una sentencia aprobada en Extremadura que obligaba en todo el país a cobrar como rústicos estos suelos si los planes urbanísticos no estaban desarrollados.«Cambio que todos vimos como algo bueno y que sin embargo ha sido un nuevo chasco, ya que si bien vuelven a ser rústicos, el Ministerio de Hacienda ha elevado mucho el precio catastral», explica la alcaldesa, «con lo que como me trasladaron algunos vecinos, van a seguir pagando casi lo mismo».De ahí que mientras llegan los nuevos recibos que en breve comenzará a girar el catastro «desde el Ayuntamiento haremos lo único que podemos hacer, aprobar una ordenanza cuanto antes marcando que nuestra parte del cobro sea la mínima, un coeficiente del 0,30 el cual desgraciadamente no se podrá aplicar hasta 2017», se lamenta.