El Ayuntamiento podría llegar a pagar 7 millones de euros por el ‘Caso Proincove’

El proceso judicial del Caso Proincove ha llegado a su fin y las noticias no son buenas para las arcas municipales. Según la última y definitiva resolución del Tribunal Supremo, el Ayuntamiento deberá asumir las reclamaciones económicas de la constructora Proincove y pagar por la ocupación ilegal que acometió sobre dos parcelas en el margen derecho de la ribera del río Arandilla. Aunque todavía no se sabe la cantidad exacta, la cifra podría rondar los siete millones de euros.De nada ha servido el intento del Consistorio para que se rebajase el justiprecio fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) de cuatro millones al medio millón de euros que calculó la arquitecta municipal. La valoración se mantiene así, como fijó la Comisión Territorial de Valoración (4,2 millones de euros), a los que hay que añadir la penalización que el tribunal impone por los daños y perjuicios ocasionados por la ocupación irregular. Un 25% más que se cuantifica en alrededor de 1 millón de euros a mayores a los que hay que sumar los intereses moratorios desde el 11 de febrero de 2005.Y aunque en este punto el juez da un pequeño respiro al Ayuntamiento al suprimir los intereses de dos años -medio millón de euros- y no imponer el pago de costas, la sentencia supone un duro varapalo para las arcas del municipio.InvestigaciónMientras la agrupación Sí se Puede decide si mantiene su idea de excluir de la comisión de investigación que plantea a los concejales que ostentaron en esos años responsabilidades en Urbanismo y Medio Ambiente, el Partido Popular se adelantó ayer con un nuevo planteamiento. «Vamos a proponer que se contrate una auditoría en la que un despacho de abogados externo analice cómo ha sido, por qué ha sido para evitar que vuelva a pasar en un futuro», anunció horas antes de la junta de portavoces, el concejal Emilio Berzosa, preocupado porque según les ha explicado el letrado, el error podría tener su origen en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del 2000. «Al parecer, los terrenos estaban calificados como zona verde. Hay que aclarar todo esto, más ahora que estamos con el nuevo Plan General», afirmó.Pese a que PP y PSOE coinciden en tachar el veto de Sí se Puede de «antidemocráctico» y «poco útil» si tenemos en cuenta que algunas de las personas a las que les afecta la restricción son las que mejor conocen los pormenores de los 10.000 folios que conforman el expediente, Berzosa advierte de que ambas iniciativas pueden ser complementarias. «Solo falta que -Sí se Puede- nos diga qué quiere hacer», subraya al recordar que el PP les propuso que actuaran como presidentes de la comisión y que «han pasado ya dos meses» sin saber nada al respecto.Hay que recordar que cuando el Tribunal Superior de Justicia supo que el Ayuntamiento de Aranda no había incluido el pago ni en los presupuestos de 2012 ni en los de 2013, el juez impuso un calendario que el Ayuntamiento ha tenido que cumplir. Bajo esta perspectiva, el Consistorio ya ha abonado dos de los cuatro plazos de 1,4 millones cada uno y la siguiente entrega vencerá el próximo 30 de abril.Lo cierto es que llueve sobre mojado en un Ayuntamiento en el que por la mala gestión con la que se ha actuado en el pasado se pone en entredicho mejoras y actuaciones. Y es que Proincove se une a una lista en la que figuran otras sentencias demoledoras como San Antón -en la que el juez exige abonar a los propietarios originales de los terrenos que se ocuparon para ampliar la carretera de Palencia, 840.000 euros- o el pago que se está dando al Sepes por la regularización de unas parcelas que le pertenecían y que ocupó el municipio en un pasado.