Aranda prepara la ordenanza para la inspección de edificios

ARANDA

Su aplicación no es sencilla. Falta personal, los medios son escasos y el volumen de población afectada, -que deberá llevar a cabo inversiones de calado-, es grande, pero no queda más remedio: la ley obliga. Por ello, la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Aranda se ha puesto manos a la obra y está elaborando la ordenanza que regulará las inspecciones técnicas que la Junta de Castilla y León obliga a realizar a los edificios con antigüedades superiores a los 40 años.

Según el cálculo catastral elaborado por Gestión Tributaria, en los próximos diez años, 3.022 edificios de Aranda deberán ser inspeccionados. Para agilizar el proceso, la propuesta de ordenanza (que se inspira en las aprobadas en Burgos o Miranda) divide la tarea en diez años. Del año 1800 a 1925 incluido más el año 1977, hay 255 edificios; de 1926 a 1930 y el año 1978 (321 edificios), de 1930 a 1979 (318); de 1931 a 1942 más 1980 (301); de 1943 a 1950 más 1981 (327); de 1951 a 1959 más 1982 (303); de 1960 a 1965 más 1983 (342); de 1966 a 1969 más 1984 (267); de 1970 a 1972 más 1985 (293) y de 1973 a 1976 más el año 1986 (295 edificios).

Conscientes de la dificultad de aplicar esta normativa conocida como la ITV de los edificios, Renovación Arandina Progresista propone acompañar la ordenanza con algunas medidas complementarias como reforzar el área de personal (con al menos un inspector urbanista y varios auxiliares administrativos) y contar con un sistema de control informático «que a día de hoy no existe». Además, dadas las inversiones que a buen seguro deberán asumir los propietarios y comunidades de vecinos para superar el trámite (tendrán que contratar cada año un informe técnico que avale la situación del edificio así como afrontar el gasto de las mejoras que deriven de la evaluación), el RAP aboga por habilitar una línea municipal de ayudas para aquellos que no tengan capacidad económica. «Hay que echarles una mano como hemos hecho en los últimos años con las ayudas al adecentamiento de fachadas», defiende el portavoz, Eusebio Martín.

Así, entendiendo que garantizar la seguridad de los inmuebles debe ser una prioridad, el RAP propone establecer una línea «económicamente importante» que no baje de los 70.000 euros anuales. «También habría que ver qué ayudas da la Comunidad Autónoma», añade.

Convencido de que estamos ante un proyecto importante, Martín insiste en convocar de nuevo la mesa de Urbanismo que él mismo creó en 2009 (cuando gobernaba con el PSOE) y que desde que gobierna el Partido Popular «ha funcionado más bien poco». «Cuando hablamos de convocar esta mesa no es por marear el asunto sino por dar participación a los colectivos afectados», explica con la mirada puesta en otras mesas que a su entender deberían estar activas como la de comercio o la constitución de la mesa de hostelería, para la que presentarán de manera formal una estructura. «Estas mesas ayudan a conocer el planteamiento de los colectivos afectados y sirven de acicate para que el Ayuntamiento actúe».

Lo cierto es que aunque sea complicado, la aplicación de esta ITV para edificios es obligatoria tal y como aprobó el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en 2004. El plazo dado a los ayuntamientos expiró el 7 de julio de 2012.