Confirmada la nulidad de la licencia de obras de 2011

Que el juez confirme en 2016 que la licencia de obras que se otorgó a la plaza de toros en 2011 debe declararse nula, puede no parecer relevante pero las consecuencias sí. «Entendemos que debería afectar al recurso que tenemos interpuesto contra la licencia de apertura», explica el portavoz de la Plataforma por la plaza de toros, Julián Mateos.El auto, ya firme, desestima los recursos de apelación que habían interpuesto el Ayuntamiento y Toros Ricor contra la sentencia dictada en 2015, en la que el juzgado estimaba la apelación presentada por la Plataforma contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición, que había formulado el colectivo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento (de 19 de agosto de 2011), por el que se otorgó licencia de obras para la ejecución del proyecto, modificado, de ejecución de la plaza de toros.COSTASEl auto que impone al Ayuntamiento y a Toros Ricor el pago de las costas, desestima «la totalidad de las pretensiones formuladas por sendas partes apelantes», y expresa apreciaciones que no dejan en buen lugar la gestión municipal. «El fundamento décimo es demoledor», aseguran en la plataforma.En palabras del juez «llama poderosamente la atención» que habiéndose iniciado el expediente de restauración de la legalidad en agosto de 2008 -y que durante tres años la mercantil no diera cumplimiento a los requerimientos efectuados por el Yyuntamiento-, Toros Ricor respondiese al tercer requerimiento con el correspondiente modificado del proyecto unas semanas después. Y que dos días después, el 19 de agosto del 2011, el Ayuntamiento aprobara el mismo otorgando la licencia de obras. «Es decir, en dos días se presentó, se informó por dos técnicos y se otorgó la licencia solicitada», señala el auto.Tampoco comprende la Sala por qué a pesar de ser necesario, la corporación no reclamó un informe jurídico, «cuando además su omisión fue advertida en el momento de su adopción por el propio secretario, quien estaba presente en la adopción del acuerdo de la Junta de Gobierno Local que otorga la licencia urbanística de obras aquí impugnada». La batalla judicial continúa.