La Plataforma por la Plaza anuncia una querella contra la alcaldesa

La Plataforma por la Plaza de Toros no piensa esperar más y presentará próximamente una querella por un presunto caso de prevaricación contra la alcaldesa, Raquel González, y todos los concejales que con su voto favorecieron la licencia de obras que el Ayuntamiento otorgó a Toros Ricor en 2011. Se trata de los ediles que a día de hoy siguen activos en el PP -Emilio Berzosa y Azucena Esteban- y la del entonces PCAL - hoy Ciudadanos-, Elia Salinero. Aunque ya no ejercen responsabilidades en el Consistorio, la medida afecta del mismo modo a Ángel Calvo (PP), Javier Rojas (Independiente) y al regionalista José Ignacio Díez Arranz.La querella se ampara en la última sentencia dictada por Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que desestima los recursos de apelación que habían presentado el Consistorio y Toros Ricor contra la sentencia dictada en 2015, en la que el Juzgado estimaba la apelación presentada por la Plataforma contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición que había formulado el colectivo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Aranda -el 19 de agosto de 2011- por el que se concedió la licencia de obras para la ejecución del proyecto -modificado- de ejecución de la plaza de toros.Aunque a simple vista pueda parecer una declaración de nulidad poco práctica, la resolución -y sobre todo el fundamento con el que argumenta el tribunal- abre la puerta a un posible caso de prevaricación. Puede afectar además al recurso que la Plataforma interpuso contra la licencia de apertura concedida en 2014 por la alcaldesa, Alfonso Sanz, Azucena Esteban y María Ángeles Marín. Y es que el auto pone en duda las actuaciones llevadas a cabo por un equipo de Gobierno que otorgó por unanimidad el permiso de obras en 2011 a pesar de que no figuraba el informe jurídico preceptivo, «cuando su omisión fue advertida en el momento de su adopción por el propio Secretario». Por otro lado, al juez le «llama poderosamente la atención» la celeridad con la que actuó el Ayuntamiento al otorgar la licencia tan solo unos días después de que el empresario presentase el proyecto modificado. «En dos días se presentó, se informó por dos técnicos y se otorgó la licencia solicitada», argumenta el auto.Apenas una hora antes de que la Plataforma confirmase a este periódico la tramitación de la querella, el portavoz del equipo de Gobierno, Emilio Berzosa, aseguraba en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que la sentencia todavía no ha llegado de forma oficial al Consistorio. «Solo ha llegado un avance. En cuanto llegue y el letrado mayor informe habrá una junta de portavoces expresa», explicó.El argumento no convenció a la portavoz socialista, Mar Alcalde, que apuntaba como máxima responsable a la regidora, que en ese tiempo ostentaba también la cartera de Urbanismo. «Tiene una doble responsabilidad», consideró molesta porque «se saltaron a la torera el informe jurídico» para dar a Victoriano del Río un respiro en un momento especialmente complicado. «En 2010 nos plantamos y tuvo que hacer la feria en una portátil. Entonces estábamos unidos, pero llegó el PP y la señora Raquel González y pasamos de tener al empresario contra las cuerdas a darle un balón de oxígeno».El PSOE lo tiene claro. Si la última sentencia abre la puerta a un posible caso de prevaricación, en el juicio por la licencia de apertura el tema puede ser mucho más serio. «Yo desde luego si fuera la alcaldesa o alguno concejales que formaron parte en este despropósito estaría muy preocupada porque es muy grave», concluyó.