Los técnicos municipales visitan e inspeccionan la Plaza de Toros

Dos meses después de que el Pleno aprobase la urgencia e instados por un acuerdo de la Junta de Gobierno Local, los técnicos municipales inspeccionaron ayer la plaza de toros. Lo hicieron en compañía del dueño, Victoriano del Río, de su hijo, Pablo, y del concejal de Urbanismo, Alfonso Sanz. ¿El objetivo? Comprobar que las obras realizadas en la plaza de toros corresponden al texto refundido que el empresario presentó a sabiendas de que está condicionado a la licencia otorgada en 2014.Y es que hay que recordar que la última inspección que los técnicos llevaron a cabo de forma exhaustiva en el interior de la plaza, se remonta al año 2008, ya que en el 2014 no se sometió a ninguna revisión, y en la última (de 2011) se limitaron a comprobar el aforo, el diámetro del ruedo y la alineación norte.Precisamente es uno de los motivos que argumenta la Plataforma Ciudadana por la Plaza para reclamar la nulidad de la licencia que otorgó la alcaldesa con el apoyo de tres concejales, y pese el rechazo de todos los grupos de la oposición.Habrá que esperar en cualquier caso para ver qué dictaminan estos técnicos. También habrá que estar pendientes del procedimiento judicial que dirimirá si la licencia otorgada en 2014 es nula o no, así como de la querella que va a interponer la Plataforma contra los ediles que dieron el polémico permiso.El hecho de que el concejal responsable del área no diera cuenta de la visita a los grupos de la oposición en la comisión del lunes, y que el portavoz se abstuviera de contar este punto en la rueda de prensa de la pasada semana generó en el Pleno un ambiente de crispación. «Que le preguntemos y que nos diga que ya lo leeremos en el acta de la junta de gobierno no es lógico», lamenta el portavoz de Unión, Progreso y Democracia, Francisco Javier Ávila, indignado por un secretismo que imposibilita la labor de la oposición. «Con este hombre no se puede hablar y lo peor es que la alcaldesa le protege», asegura harto porque «se están riendo de nosotros».A su entender, el concejal de Urbanismo y Medio ambiente, Alfonso Sanz debería dimitir. «Si no quiere hacer nada, lo normal es que se vaya», zanjaba.La tensión entre el equipo de Gobierno y la oposición se trasladó a otros puntos del día del Pleno. Como la moción que presentó UPyD para reclamar a las administraciones superiores el coste del servicio de extinción de incendios por las 87 salidas que los bomberos realizaron en 2015 fuera del término municipal y que, según apuntó IU, están valoradas en 26.100 euros.Aunque el PP la tachó de extemporánea por entender que ya hay un borrador de convenio, finalmente la aprobó con el resto de grupos.Peor suerte corrió la modificación de la ordenanza reguladora de la O.R.A. Aunque solo era una propuesta para adaptarla a la legislación y a las nuevas tecnologías (que no perjudica al ciudadano), al no poder aclarar el coste actual de la anulación de las multas, el tema quedó sobre la mesa.