El Correo de Burgos

RIBERA

El futuro de la piscina municipal, en manos de una sentencia judicial

El Ayuntamiento rechaza el reequilibrio económico avalado por los informes técnicos

La piscina municipal de Aranda en una imagen de archivo.-L. V.

La piscina municipal de Aranda en una imagen de archivo.-L. V.

Burgos

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Ya solo es cuestión de tiempo. Será un juez el que decida sobre el futuro de la piscina municipal cubierta. «Lo hemos metido en la vía judicial», asegura a este periódico la portavoz de la empresa adjudicataria, Prado Sport, Ana de la Calle, convencida de que los desajustes del pliego -en lo que se refiere a gastos de personal, obras que han tenido que acometer a mayores y número de usuarios- hacen inviable el contrato actual con ésta y con cualquier otra empresa.Lo cierto es que no hay mucho margen para el diálogo, y aunque la empresa defienda que las pérdidas rondan ya los 474.000 euros -228.057 entre 2013 y 2014 y 246.317 de 2014 a 2015-, los informes técnicos son demoledores al descartar cualquier tipo de reequilibrio. Según explica el concejal responsable del área, Emilio Berzosa, fue la propia empresa adjudicataria la que realizó su propio estudio de viabilidad cuando optó al pliego. «Corregía a mayores todas las variaciones, asegurando además que su estudio se ajustada de una forma más exhaustiva a la realidad», insiste a sabiendas de que, precisamente por este documento, la empresa rebajó el canon a 14.000 euros anuales. «Decían que iban a tener más usuarios y a ganar más dinero», recuerda.También se muestra rotunda la alcaldesa, Raquel González. «No voy a pagar sin que lo diga un juez», advierte consciente de que de hacerlo, el Ayuntamiento podría enfrentarse a una situación parecía a la que ocurrió con Urbaser, cuando se pagó una cantidad que reclamaba la empresa por una amortización de la maquinaria -que contaba con el visto bueno de Contratación y Medio Ambiente- para no perder un posible juicio. Al no tener el respaldo de Intervención, el expediente está ahora en el Tribunal de Cuentas en un proceso que podría derivar en una responsabilidad personal de los concejales que lo votaron. «No voy a arriesgar más», afirma la regidora.Así, basándose en los informes jurídicos y técnicos, el equipo de Gobierno se mantiene firme. «No se puede utilizar el dinero de los ciudadanos para negociar con una empresa privada, y eso tiene que quedar muy claro», zanja Berzosa. En su opinión, el coste de las obras que reclama Prado Sport no cabe porque fueron unas obras que la empresa hizo a mayores y «sin comunicar al Ayuntamiento, que es el propietario».Desde Prado Sport, la preocupación es patente. «Ahora solo nos queda pelear por ser viables, no nos vamos a quedar llorando», asegura De la Calle a sabiendas de que las pérdidas están afectando a otros proyectos del grupo. «Hasta que el salga el juicio vamos a pelear por nuestro día a día», subraya.Debate en plenoEl tema suscitó en el último Pleno un intenso debate. «Me voy a morder la lengua para no poner en riesgo la defensa municipal, pero creo que nos estamos equivocando y que hay que agotar el margen de diálogo, que todavía hay», planteó el portavoz de Renovación Arandina Progresista (RAP), Eusebio Martín. Para Sí se Puede, la piscina es un ejemplo más de que la privatización de servicios «no es rentable». «Hay que explorar la vía del diálogo o estudiar una rescisión del contrato antes de ir a los juzgados», aseveró el concejal Mario Martín Veganzones.Tanto el RAP como el PSOE no dudaron en apuntar como responsable del desaguisado al ex concejal Javier Rojas. «Le dijimos que a ese pliego había que darle una vuelta pero se empecinó», recuerda el concejal Julián Rasero.El rechazo del reequilibrio se aprobó con los votos del PP e Izquierda Unida-Equo y la abstención del resto de grupos.

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