Piden explicaciones a la ORA por cobrar de menos en las multas

Algo que empezó con un mero trámite para reordenar y equilibrar las plazas de aparcamiento ha derivado en una posible irregularidad de la que deberá responder la empresa adjudicataria del servicio de la ORA (Ordenación y Regulación de Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública). Todo comenzó en el Pleno del pasado mes de abril, cuando quedó sobre la mesa al no poderse aclarar el precio que se paga por la anulación de las multas. El debate se retomó en el Pleno de esta semana y aunque se preveía corto, todo dio un giro inesperado en el turno de palabra del concejal socialista, Ildefonso Sanz.«Si dicen que las cuantías de las multas no cambian y son las mismas que figuran en la ordenanza, ¿por qué si pone 2,5 y 5 euros, los controladores ponen 4 euros?», preguntó preocupado porque la ordenanza lleva operativa desde 2014. «¿Cuánto dinero llevamos perdido si se supone que tienen que pedir cinco y piden cuatro?», cuestionó.En su opinión, habría que exigir responsabilidades a la empresa adjudicataria del servicio de ORA. «Pido que alguien haga algo para saber desde cuándo se está incumpliendo la ordenanza y cuánto dinero hemos perdido», insistió urgiendo a la alcaldesa, Raquel González, a que pida una contestación por escrito. «Tenemos que saber si lo han hecho por motu propio o si se lo ha dicho alguien», zanjó.A la espera de que la empresa responda, el Pleno aprobó por unanimidad la modificación inicial de la ordenanza, para reestructurar la regulación del aparcamiento ORA e incorporar medios tecnológicos que sustituyan las tarjetas de residentes.Colegios

No fue el único punto del día que generó polémica. En una semana en la que el colegio Fernán González tuvo que suspender las clases por los efectos de una fumigación de cucarachas, el Pleno aprobó en la noche del jueves el pliego del nuevo concurso del servicio de limpieza de dependencias municipales y colegios. Una contrata que obliga a la empresa adjudicataria a mantener en las mismas condiciones a la plantilla actual de 36 trabajadores. Los excesivos pluses del encargado despertaron intensas críticas.De hecho, la mayoría de los grupos optó por la abstención dejando solo al equipo de Gobierno que aprobó la medida por minoría.Fiel a su filosofía de apostar por lo público, Izquierda Unida-Equo votó en contra convencido de que las privatizaciones solo dan beneficios a las empresas y cuando hay pérdidas «reclaman al Ayuntamiento». También en este sentido se posicionaron otros grupos como UPyD o Ciudadanos, cuyo portavoz, Francisco Javier Hontoria, lamentó los nulos avances dados en el proyecto de la empresa municipal de servicios pese a que se aprobó hace un año. «Lo peor es que no hay perspectivas», señaló.El concejal socialista, Ildefonso Sanz, dejó clara su desconfianza ante un pliego que ha presentado hasta cinco tablas salariales distintas. «¿Cuál es la buena?», preguntó molesto, porque mientras el 99% de los salarios son muy precarios, «el encargado tiene complementos como tres o cuatro trabajadores juntos. Tenemos serias dudas con el pliego», añadió el portavoz del Rap, Eusebio Martín.Con una vigencia de dos años con posibilidad de prorrogar otros dos, el presupuesto de licitación anual sale por 742.446 euros.Pleno

El Pleno se completó con la aprobación del reglamento del funcionamiento interno de la comisión mixta de Hostelería, que dirigirá la concejala de Promoción y Turismo, Azucena Esteban, y con la devolución de parte del aval de las obras del puente Bañuelos. Aunque en este último punto, todos coincidieron en destacar el retraso de la obra, al haber informes claros, se aprobó por unanimidad. También por consenso salió la incorporación al inventario de bienes de la calle Premios Envero.Menos suerte tuvo IU-Equo, que no logró aprobar la moción para que el Ayuntamiento contrate el abastecimiento eléctrico con el 100% de energía renovable. De nada sirvieron los argumentos de su portavoz, Jonathan Gete, para que no se ponga precio al planeta y se haga un esfuerzo por reducir el consumo; PP, Si se Puede, Ciudadanos y RaAP lo dejaron sobre la mesa a la espera de que se realice un estudio económico que constate cuánto costaría la medida a las arcas municipales.