Las cartas de reclamo de deuda de las residencias son legales

El cobro reclamado por parte de la Diputación a más de 400 usuarios de las residencias, a través de cartas informativas en las que se incluye un número de cuenta para ingresar lo debido, es legal. Así lo anunció ayer el presidente de la Diputación, César Rico, tras recibir durante la sesión plenaria provincial la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) en la que así lo aseguran sus jueces. Hecho desconocido hasta ese momento por todos, lo que llevó a Rico a invitar al equipo socialista a aparcar la proposición que sobre esa cuestión acababa de presentar.En ella, tal y como había argumentado minutos antes el portavoz socialista, David Jurado, pedían a la Diputación paralizar el envío de dichas cartas, al basar su argumento en el carácter de ilegal que dicha práctica recibía en una sentencia emitida en enero por el juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo. «Le pediría dejarla sobre la mesa, y analizar su contenido en una comisión posterior», fue el ofrecimiento de Rico que, sin embargo, fue rechazado por el PSOE lo que motivó el rechazo de la moción, tras el voto contrario del PP y la abstención de Ciudadanos (C’s).Y es que si bien la sentencia de enero habla de ilegalidad, también detalla en su punto 3 la necesidad de que una estancia judicial superior aclare la existencia o no de ese carácter ilegal. «Y de ahí que desde allí mismo se remitiera directamente al TSJ, que es quien dice hoy dice que es legal», explicó el portavoz del PP, Borja Suárez. Añadió que queda abierta la puerta al debate posterior sobre si se siguen enviando estas cartas. «Ya que aunque podría paralizarse, la ley nos dice que la disposición incluida en la nueva ordenanza -idéntica a la que aplica la Junta- nos permite hacerlo».Otro de los puntos más discutidos en el Pleno fue la proposición defendida desde C’s por Rodríguez, en la que pedía a la Diputación que actualice la valoración de los puestos de trabajo de la Institución Provincial, «al datar la última del año 1999, y porque con ello pedimos que se cumpla la ley», recalcó Rodríguez.No salió sin embargo adelante, tras votar el PP en contra al abogar por hacer una catalogación previa de los puestos y posteriormente, continuar con la valoración. El resto, mientras, solicitó comenzar por la valoración y actualización tras reuniones en las que participaran sindicatos, trabajadores particulares -mediante encuestas individuales y no sólo bajo el criterio conjunto de los sindicatos-, y área de Personal, a cuyo responsable, el diputado provincial Ricardo Martínez, «pidieron que se implique de verdad y no sólo ‘caliente la silla’».Tampoco logró C´s el apoyo en su propuesta para incluir cláusulas favorecedoras de I+D+i en los contratos provinciales. Sí alcanzó el apoyo socialista -que reprochó la pérdida de presencia de empresas innovadoras en la provincia-; pero también la abstención de Imagina -que prefería optar por cláusulas sociales-, y el ‘no’ de los populares alegando Suárez que las contrataciones «ya vienen legalmente muy encorsetadas».Sí hubo unanimidad, no sin debate previo y concesiones de unos y otros, en otras proposiciones. A raíz de ellas, el Pleno provincial aprobó instar al Gobierno regional a que ponga los medios para lograr el inmediato pago de la Renta Garantizada- cuyos montantes acordará el Consejo Social-; pedir a la Junta que ponga en marcha el Plan de Convergencia interior, a pesar de que el PP burgalés confesó esperar de nuevo la negativa al respecto del PP regional; y a instar a los gobiernos central y regional a prohibir el fracking.Asimismo, con motivo del Día internacional contra la homofobia y la transfobia se aprobó una proposición conjunta de condena de cualquier actitud, acción, manifestación y legislación de carácter homófobo o que implique transfobia, y de fomento de acciones de sensibilización social, dirigidas a prevenir estas discriminaciones.ruegos y preguntasDesde la bancada socialista, se pidió al PP más información sobre la inclusión o no de los derechos de la PAC en la subasta de la finca provincial de El Moscadero, ya en marcha. «El concurso ha salido sin ellos, pues estamos a la espera de que la Junta nos informe si se mantienen o no», explicó Rico. «y una vez que se sepa se procederá al respecto». Trámite en el que el socialista Javier Lezcano insistió, «pues el valor no sería el mismo». También fue el PSOE el que pidió urgencia en la puesta en marcha del segundo plan de empleo, «pues los ayuntamientos necesitan contratar ya, y les va a dar diciembre», reprochó Puri Rueda. «De hecho, se acaba de aprobar en la Junta de Gobierno que recibirán su aportación aquellos que hayan contratado desde enero», afirmó Rico.No logró respuesta el socialista Antonio Arauzo, quien deberá esperar para saber si se han contratado ya las cuadrillas forestales comprometidas por la Diputación, y qué trámites seguirse para pedir sus servicios. Desde C’s, Fernández, preguntó en qué punto está el reglamento que regulará la publicidad, así como la compra de sillas para prestar a los pueblos durante la celebración de sus fiestas. «Ambos trámites ya en marcha», avanzó Rico. Asimismo desde Imagina, su portavoz Marco Antonio Manjón rogó a la Diputación que se preven medidas contra la avispa asiática, «pues estamos a mitad de junio y la Junta sólo ha anunciado cursos, en lugar de aligerar el protocolo que prometió tener este año», reprochó.