Sí Se Puede lleva a la Fiscalía el caso Proincove

Visto que la comisión de investigación que proponía la formación no ha prosperado, Sí Se Puede Aranda ha dado un paso más y ha enviado a la Fiscalía el expediente del caso Proincove con el fin de que se investigue si ha habido dejación de funciones por parte de algún concejal o si se ha incurrido en un caso de información privilegiada. «Por este tema se ha condenado al Ayuntamiento a pagar una deuda millonaria y hay que saber qué ha pasado», justifica la concejala de Sí se Puede, Laura del Pozo, convencida de que un asunto así no puede quedar sin responsables.Saben que no es la primera vez que se envía pero no pierden la esperanza. «En las anteriores, la fiscalía respondió que no vale con enviar el expediente en bruto, que había que decir por dónde había que investigar», explica el portavoz, Mario Martín Veganzones, esperanzado «porque tras un año de intenso trabajo», han sumado a los mil folios, un informe de seis páginas en el que dejan constancia de las dudas y las preguntas pendientes de resolver.Sí Se Puede adjunta además dos anexos, uno con la cronología de los hechos y otro con los nombres de los concejales que han ostentado la responsabilidad de Urbanismo y Medio Ambiente en los años en los que se desarrolló el proceso (desde el inicio en 1999 hasta su entrada en la vía judicial, en 2012) y con los técnicos que se han encargado de los distintos trámites. «No es un anexo de acusados; es para que Fiscalía entienda quién firmó cada cosa y qué relación tenía en esos momentos con el Ayuntamiento».Sin desvelar el contenido íntegro de las preguntas para no perjudicar la defensa municipal, en un proceso judicial que sigue abierto, el portavoz de Sí Se Puede adelanta algunas cuestiones, como cuál fue el motivo que llevó a la empresa constructora a adquirir estos terrenos que al parecer eran inundables.La segunda pregunta afecta al expediente de expropiación que no se llevó a cabo, cuando sí se hizo en un terreno cercano en el mismo proyecto para el acondicionamiento de esta ribera situada en el margen derecho del río Arandilla. «Nos han dicho que este tipo de cuestiones se suelen resolver en el plazo de seis meses», informa con la esperanza de que se investigue. «No somos quien para acusar a nadie, solo planteamos una serie de preguntas para que se investigue si hubo o no delito».Aunque el primer partido que anunció que iba a llevar este polémico caso a la fiscalía fue el PP (en noviembre de 2012), fue la socialista Mar Chamorro la que dio el paso un mes después. Se entendía que el PP había puesto en duda su persona por el hecho de trabajar para la empresa constructora, y que su marido (que entonces compartía despacho con el alcalde Luis Briones) fuese el representante legal de Proincove.«No voy a permitir que se ensucie ni mi nombre ni el de mis compañeros», argumentaba Chamorro, quien reprochaba al PP haber dado la rueda de prensa a bombo y platillo, sin haber llevado primero el asunto a la Fiscalía.El segundo intento llegó hace un año de manos de la alcaldesa, del PP, Raquel González. En ambos casos el órgano devolvió la documentación solicitando al Consistorio que fuera más concreto en sus dudas para agilizar la labor de investigación. «Ahora ha habido un trabajo bastante duro por parte de la gente de Sí se Puede y creemos que está bastante bien detallado», concluye Mario Martín Veganzones.