El RAP denuncia presiones de propietarios de Arroyo de la Nava

Los hechos ocurrieron en la última comisión de Urbanismo celebrada el lunes. Un escrito remitido a los concejales de la oposición (y registrado en el propio Ayuntamiento), en el que un grupo de propietarios del sector Arroyo de la Nava dejaban clara su indignación con la circular en la que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, zanja cualquier debate, asegurando que el 19 de octubre (cuando se cumplan dos años de la entrada en vigor de la ley de medidas de regeneración y renovación urbana, los terrenos que no hayan finalizado su clasificación como suelo urbanizable quedarán clasificados de forma automática como suelo rústico común).Conscientes de que dicha circular da al traste con su pretensión de incrementar a 45 viviendas por hectárea el índice de edificabilidad, y que la mayoría de grupos políticos abogan por respetar la decisión del equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de dejarlo como rústico, los propietarios decidieron mover ficha para que se mantenga la clasificación de suelo urbanizable de uso residencial que estipula el PGOU de 2000. Pero la forma en que lo han hecho no ha gustado. «Nos llevamos la sensación de que se nos estaba amenazando y que nos intentaban coaccionar», lamentaba el portavoz del RAP, Eusebio Martín.En el escrito, los propietarios unidos en una plataforma, advierten de que en el caso de que se considere suelo rústico no urbanizable, acudirán a la vía judicial para reclamar una indemnización que valoran en 45 millones de euros. «A los efectos de no causar perjuicios económicos al Ayuntamiento, como ha ocurrido en otros casos como la depuradora de aguas residuales, la plaza de toros y sobre todo el caso Proincove, se podría exigir la responsabilidad personal de los concejales que hubiesen votado a favor», subrayan a sabiendas de que eso supondría 2,5 millones de euros por cada edil.En su argumentación, entienden que el nuevo Plan «responde a criterios estrictamente políticos», que todos los intentos para desarrollar el sector estos años han sido bloqueados por el Ayuntamiento, y que existe una arbitrariedad al calificar como suelos nuevos, los actualmente rústicos Eras de San Gil, Eras de Santa Catalina o la zona de Sabeco «a costa de revertir a rústico el Sector Arroyo».El hecho de que los concejales hayan recibido este escrito reivindicativo en su email personal, preocupa como también lo hace el hecho de que uno de los propietarios que estuvo presente en la comisión es un trabajador del Ayuntamiento. «Hemos pedido que se aclare si estaba o no en su jornada laboral, y si tiene acceso a información privilegiada».El portavoz del grupo localista, advierte en cualquier caso: «Aquí que nadie se piense que porque el Ayuntamiento haya perdido en un tema concreto una sentencia, está tan asustado que a la mínima que se le amenace traga. Tenemos claro la responsabilidad que tenemos de cara al cumplimiento de la ley».Por otro lado, consciente de que la suspensión de las sentencias por la tramitación del PGOU está poniendo en peligro la ejecución de dos proyectos que implican puestos de trabajo (Lógica Aranda y la ampliación de Sabeco), Martín asegura que apoyará cuantas medidas sean necesarias para que salgan adelante, dentro de la legalidad.Y es que, aunque en el caso de Lógica los informes técnicos están siendo desfavorables (entienden que el PGOU parte esa parcela para habilitar un acceso al GR-14), hay un interés social y general que puede abrir una vía de solución. «Entendemos que fórmulas hay», termina el político.