Debate y acuerdos de ‘socialdemócratas’ y ‘democristianos’

BURGOS

A pesar del intenso debate e ironías finas de alguno de los bandos, el Pleno de la Diputación unió sus fuerzas para sacar adelante las tres proposiciones presentadas con cierta unanimidad. Eso sí, toda vez que se modificara sustancialmente una de ellas, hasta el punto de tener que redactarla sobre la marcha para poder proceder a su aprobación y que quedara registrada.

Esta proposición, y que mayor debate generó, fue la presentada por Imagina Burgos en referencia a quién debía asumir los costes generados por los colegios rurales de cabecera que reciben niños de otros municipios.

La propuesta de Imagina pasaba por que los ayuntamientos cuyos escolares acuden a un Centro Rural Agrupado (CRA) en otro municipio, asumieran la parte proporcional de los gastos que genera el centro educativo, al entender que el ayuntamiento que tiene el «colegio físico» asume unos gastos que no le son propios al tener que atender a otros niños que no son de su municipio.

Igualmente, defendía que la Diputación instara a la Junta a que esta última implicara en los gastos de mantenimiento de estos colegios de Infantil y Primaria a los ayuntamientos y que, mientras que no asumieran su parte, fuera la Administración regional quien los cubriera.

La moción, defendida por el portavoz de la formación multicolor, Marco Antonio Manjón, se asentaba en sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, por la que determinaba que los gastos generados por estos colegios deberían correr a cargo de los municipios que llevan a sus alumnos al centro de cabecera y que en tanto que no los asuman sea el gobierno regional quien los afronte. Se trata, a juicio de Manjón, de un ejercicio de «solidaridad» y «justicia».

Injusticia o solidaridad

Las reacciones no se hicieron esperar. Intensificó el debate el portavoz de Ciudadanos, Lorenzo Rodríguez. Recordó que cuando esos colegios se construyeron para agrupar a los alumnos de la zona de influencia, allí donde se instalaron recibieron otras dotaciones e infraestructuras como polideportivos, «generó empleo y fijó población».

Recriminó a Imagina que no se tuviera en cuenta que los alumnos de otros municipios tienes desventajas como a la hora del traslado al colegio y que los municipios no hayan recibido «las ventajas que sí obtuvo el Ayuntamiento de cabecera. «Vamos a acabar de tmaltratar a los municipios pequeños. Es injusto y no lo vamos a apoyar», apostilló Rodríguez, al mismo tiempo que recordó que esas competencias «son de la Junta y no de la Diputación».

«Indulto» a la Junta

Para el PSOE, «aunque en el fondo de la cuestión pueda estar de acuerdo» la proposición de Imagina suponía «hacer la pinza y el caldo gordo al PP» e «indultar a la Junta sus competencias». El portavoz socialista, David Jurado, resumió la proposición de la formación multicolor en que se pretende abonar «a escote, que es más barato», unos gastos que son competencia de la Junta de Castilla y León. «Estamos a tiempo de retirar esta proposición o replantearla», insistió Jurado, y aprovechar para «clarificar de una vez las competencias».

Además consideró que en la moción «se ataca frontalmente la autonomía local», porque insta a la Diputación a que «obligue a los ayuntamientos a abonar su parte», para cuando para otras cosas se reclama esa autonomía local que no es otra cosa que tratar a los ayuntamientos «como mayores de edad y que decidan ellos». En cualquier caso insistió en que es la Junta la que tiene que asumir las competencias.

Es ilegal

«La mayoría de edad no tiene nada que ver con la emancipación», replicó el portavoz del PP, Borja Suárez y recordó que la financiación sale de los impuestos. No obstante, asumió que la propuesta de Imagina tendría «cierta lógica» al plantear un reparto de gastos. Pero recordó que legalmente no es posible porque existe un marco legislativo e incluso la Lomce establece que será el término municipal donde se radique el colegio quien asuma los gastos, por lo que «por imperativo legal» el resto de municipios no está obligado a asumir ningún coste. Y es por ello por lo que la Diputación no va a imponer, ni tampoco puede hacerlo la Junta. Recordó que también la Ley de Racionalización indica en que es la Junta la que debe asumir esos costes.

Suárez insistió en que «estamos de acuerdo» en que sea la Junta quien asuma esos gastos y por ley la Comunidad no puede obligar a que otros ayuntamientos asuman esos costes. Por todo ello, el portavoz popular instó a que se modificara la proposición «para que salga adelante».

‘Escaqueo’ o medallas

Fue en el segundo turno de palabra cuando se desarrolló el debate más ‘irónico’. Mientras que el portavoz de Ciudadanos insistía en la injusticia de la moción, Manjón le acusaba de tratar de «escaquearse».

Por su parte, Jurado criticaba a Imagina de «socializar un marrón», porque a su juicio se pretende tapar «una injusticia con otra» cuando debe ser la Junta quien asuma las competencias «y eso sería lo justo». Ironizó con que la formación multicolor «en esto de la socialdemocracia son unos advenedizos» y afirmó «con orgullo» que su partido era «socialdemócrata, y ustedes tienen un concepto raro de la socaildemocracia y por eso reparten marrones. Y para eso, argumentó, «ya está la derecha, señor Manjón». Ironizó con «la medalla que mañana el señor Herrera le va a poner al señor Rico», si conseguían aprobar su moción.

«Y nosotros somos democristianos», apostilló entre las risas del pleno el presidente de la Diputación, César Rico, mientras que el portavoz popular contestaba «unidos podemos señor Manjón», en referencia a lo apostillado por David Jurado sobre la unión que parecía existir entre PP e Imagina para sacar adelante la mooción. Tras este intenso debate, de casi 50 minutos, Imagina reformuló su propuesta y la dejó en un único punto en el que se instaba a la Junta a asumir los gastos derivados de los colegios rurales al ser su competencia. Esta moción sí fue aprobada por unanimidad.

Apoyo a la BU-627

También se aprobó por unanimidad la propuesta presentada por el PSOE para instar a que se reanuden las obras de la BU-627 de Villadiego a Villanueva de Argaño, aunque el PP matizó que «no se pueden reanudar unas obras porque se está realizando un proyecto que es una obra nueva». A pesar de ello, y en la confianza en que esta vez sí se cumplan los compromisos, la moción quedó aprobada por todos los grupos.

De igual modo la moción de Ciudadanos encaminada a igualar los derechos ciudadanos y evitar que en caso de fallecimiento fuera del lugar de origen del finado no suponga un coste adicional a la hora de traslardarlo a su pueblo o ciudad, contó con el visto bueno de todos los grupos, una vez que fue suprimido el punto primero que solicitaba que no se tuviera que esperar 24 horas para el traslado del finado porque «es imperativo legal y afecta a Sanidad», explicó el popular Borja Suárez. La moción también suscitó cierto debate, pero finalmente se llegó al acuerdo.