Los remanentes y Relaciones Laborales, en el punto de mira

«A pesar de la sensación de revivir ‘el día de la marmota’, los socialistas de la provincia iniciaremos el nuevo curso intentando sacar del inmovilismo en que el PP mantiene a las instituciones reactivando algunos temas eternos paralizados». Declaración de intenciones expresada ayer por la diputada nacional del PSOE burgalés y el portavoz socialista en la Diputación Provincial, Esther Peña y David Jurado, respectivamente, quienes criticaron que «en el nuevo curso político que se inicia este mes de septiembre, volvemos a hablar de temas viejos». Avisaron por ello que su intención es hacerse eco de las reivindicaciones del mundo rural burgalés «recibidas en estos meses de reuniones con representantes socialistas en la provincia sobre multitud de temas».El primero de ellos -concretó Jurado-, es la duda sobre el destino de los remanentes de los Presupuestos de 2015. Pregunta que lanzarán al presidente de la Diputación, César Rico, en el próximo Pleno. «No es normal que en estas fechas del año, aún se desconozca qué va a hacerse con los 8,5 que todavía restan de los 11 millones de euros de esos remanentes», tras haber empleado sólo 1,5 millones de euros a complementar las subvenciones para el ciclo del agua y otro millón a la de arreglos de carreteras. Hecho que, como añadió, «mantiene la práctica ‘caciquil’ de decidir la Diputación» qué ayudas ya existentes complementar, «en lugar de repartir dicho remanente de forma equitativa entre los pueblos y que sean ellos quienes decidan en qué emplearlo», se lamentaba el diputado provincial.«Como ya sugerimos nosotros a través de una moción en el Pleno que el PP rechazó», añadió, en la que se abogaba por un reparto incondicionado, «con el que cada pueblo cubriría sus necesidades concretas en esta crisis que todavía subsiste a pesar del optimismo del PP», comentó el socialista.Jurado detalló un segundo tema en opinión del PSOE burgalés «enquistado», como es «la incomprensible financiación por parte de la Institución Provincial, de la Escuela de Relaciones Laborales».Otra cuestión que el político reprochó que siga sobre la mesa, «así que insistiremos para que la Diputación firme de una vez por todas con la Junta un convenio por el cual, de forma progresiva, la entidad provincial se desvincule de esta cuestión dejándola en manos del Gobierno regional, que es quien posee las competencias educativas», afirmó.Recordó que ésta aporta 280.000 euros anuales al patronato del centro educativo de la capital. Gasto ante el cual la propuesta de su grupo en base a este acuerdo con la Junta, «no es cerrarla automáticamente sino que de forma progresiva -para evitar perjuicios al equipo docente y al alumnado con que cuenta la escuela-, se reduzca la parte proporcional de ese montante que aporta la Diputación, hasta que éste sea cero y el Gobierno regional lo asuma todo».Jurado hizo extensiva esta propuesta al Ayuntamiento de Burgos, del que es concejal por el PSOE, ya que también hace aportaciones anuales al patronato de la Escuela de Relaciones Laborales, «y tampoco tiene competencias educativas».Junto a Jurado, Esther Peña incidió también en cuestiones de relevancia «que sin embargo no avanzan por la inacción de la Junta». Entre ellas concretó cuestiones como el impulso del tren directo por Aranda de Duero, «o la falta de medidas al respecto de la AP-1 a dos años vista del 2018 en que producirá su liberalización».Así como el paro -«tras cerrarse agosto con más de 22.000 parados en Burgos»-, y la ordenación territorial, «sobre la que exigiremos a la Junta que escuche las más de 500 alegaciones que ha recibido su mapa, y analice los informes que las diputaciones han realizado al respecto», recalcó Peña.