RIBERA
La Plataforma por la Plaza pide a la alcaldesa que no defienda a Del Río
El colectivo insiste una vez más en denunciar varios incumplimientos del empresario taurino

La plaza de toros continúa generando polémica pese a la licencia otorgada.-L.V.
Las declaraciones en las que la alcaldesa, Raquel González, aseguraba en un programa de radio que el Ayuntamiento de Aranda no va a abrir un expediente sancionador al empresario de la plaza de toros, Victoriano del Río, por la categoría de los matadores elegidos en la feria de septiembre ha vuelto a despertar la indignación en la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros.Por un lado, el informe emitido por los técnicos de la Concejalía de Juventud remarca que si bien los toreros no han cumplido el número de corridas exigido en el pliego, han tenido éxitos en plazas importantes -como se matiza en la exigencia del escalafón-. Sin embargo, para la Plataforma el contrato es el contrato y no se contempla esa excepción. «No es incumbencia de la señora alcaldesa, cuyos conocimientos taurinos desconocíamos, el de invocar la aplicación de las excepciones a las obligaciones del adjudicatario, en beneficio una vez más del mismo», advierten molestos porque como representante de los arandinos «debería velar porque se cumpla el contrato en sus términos».Por ello, insisten en denunciar lo que consideran un cartel de perfil bajo empezando por la corrida más importante, la del domingo día 11, en la que Joselito Adame participó en 2015 en 20 de las 30 corridas exigidas y Juan Bautista -que debía estar entre los diez primeros puestos- se sitúa en el décimo sexto con 15 corridas. La del lunes, relatan, tampoco está a la altura ya que, con 18 corridas, Morenito de Aranda está lejos de las 40 exigidas y López Simón toreó cinco menos de las solicitadas.
CláusulaNo es la única irregularidad. La empresa organizadora (Ricor N.E, S.L) no es la adjudicataria por contrato (toros Ricor SL). Y aunque no es algo nuevo, sigue suponiendo un incumplimiento flagrante de lo dispuesto en la cláusula 14 del pliego por el que se rige el contrato de la plaza de toros.La tensión con el Ayuntamiento se recrudeció tras conocer que la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a unos gastos relacionados con la cuadrilla de ramaleros, «cuyo coste incumbe soportar en exclusiva al adjudicatario y no a los vecinos de esta maltratada villa». Así pues, el colectivo solicita que «se anule en la forma procedente dichas decisiones, pues en caso contrario será merecedora de la correspondiente denuncia por malversación de fondos públicos».Capítulo aparte merece, en su opinión, el hecho de que el Ayuntamiento no proceda a la retirada de los carteles irregulares de la feria taurina para evitar una nueva denuncia del empresario por ser elementos de propiedad particular. Según explicó el portavoz del equipo de gobierno, Emilio Berzosa, la medida responde a una recomendación de un asesor jurídico que fue verbal y no a través de un informe. En cualquier caso, puntualizó que se le ha requerido al empresario la retirada de los carteles hasta en tres ocasiones. Al no haber reaccionado, el Consistorio abrirá un expediente sancionador cuya multa puede oscilar entre 750 y 3.000 euros.La explicación resulta insuficiente para la Plataforma, que reclama conocer el nombre del abogado que ha recomendado semejante «aberración».