El adelanto de ayudas para obras llegará a partir del lunes

El presidente de la Diputación, César Rico, aseguró ayer que el lunes tendrá «el honor» de firmar las transferencias correspondientes al adelanto del 75% relativo al pago de las ayudas concedidas a los ayuntamientos para la realización de obras dentro de los planes provinciales de 2016. La confirmación llegó tras la pregunta planteada al respecto en el Pleno por el portavoz de Ciudadanos en la Institución, Lorenzo Rodríguez, en base al «retraso excesivo» que afecta a los municipios que ya han acometido sus respectivas actuaciones.El anuncio de Rico fue quizá la gran novedad de un Pleno marcado por los debates broncos, en ocasiones fuera de lugar, en torno a mociones que -una vez más- exceden las competencias de la Corporación o nada tienen que ver con la realidad provincial. En este sentido, la única propuesta que salió adelante -por unanimidad de todos los grupos- fue la del PSOE en relación a los retrasos y problemas para tramitar las renovaciones o expediciones de los documentos de identidad.Como ya hiciera esta semana al presentar la moción, el portavoz socialista, David Jurado, señaló que este «problema cotidiano» en el que las citas «se pueden demorar incluso meses», supone un perjuicio «añadido» para los municipios de menos de 20.000 habitantes, ya que «si no se cubre un cupo mínimo de usuarios», los equipos móviles que prestan este servicio en el medio rural «cancelan la cita».A pesar de apoyar la moción, Rodríguez indicó que de las 40 plazas existentes en la provincia -30 en Burgos, cinco en Aranda y otras cinco en Miranda- hay «seis sin cubrir» debido a «bajas de larga duración» que debieran gestionarse «cuanto antes». Posteriormente, Jurado matizó que la creación de dichas plazas «no quiere decir que estén cubiertas». Asimismo, criticó que el sistema telefónico de citas previas esté privatizado.Desde Imagina Burgos, que también apoyó la proposición, Javier Gil insistió en la necesidad de exigir soluciones para evitar «problemas más graves» a la ciudadanía. Al mismo tiempo, consideró que la situación actual es un «síntoma más» de las políticas promovidas por el Partido Popular para «adelgazar la Administración» al «no cubrir bajas».Al margen del voto favorable para instar al Ministerio del Interior a cubrir las plazas vacantes de personal administrativo, el portavoz del equipo de Gobierno, Borja Suárez, remarcó que no se trata de un «problema de recursos económicos, sino de plazas que no se cubren». Por lo tanto, negó que se haya producido recorte alguno en esta materia.Por otra parte, la propuesta de Imagina para diseñar un plan provincial contra la pobreza energética no solo fue rechazada por el PP, sino que además suscitó un tenso e innecesario debate sobre el sistema energético español. Al margen de las polémicas, Suárez subrayó que la Diputación ya presta ayudas en esa línea. Además, recordó que en 2015 solo se destinó el 25% a este concepto, mientras que este año el porcentaje se sitúa en torno al 19%.Una provincia «sin empresas en paraísos fiscales»Por unanimidad previamente consensuada, los cuatro grupos políticos con representación en la Diputación suscribieron ayer un manifiesto conjunto bajo el compromiso de «declarar la provincia territorio libre de empresas con sede en paraísos fiscales». De esta manera, la Corporación pretende «dar los pasos necesarios» para que a partir de ahora los concursos públicos «favorezcan» a aquellas compañías que «tienen conductas fiscales responsables». Al mismo tiempo, la moción plantea el establecimiento de medidas encaminadas a «estudiar, detectar y activar los mecanismos necesarios para impedir la contratación de empresas privadas» que no cumplan con este requisito de transparencia. Amén de trasladar esta propuesta a los grupos parlamentarios, a la Comisión de Economía de la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Hacienda; la Institución Provincial también se compromete a «compartir» esta serie de iniciativas «con otras diputaciones y con la ciudadanía» con el fin de ofrecer «información relativa a las decisiones sobre las empresas que han recibido puntos positivos y las que no en función de su responsabilidad fiscal».También por unanimidad se aprobó la moción de Ciudadanos para condenar la agresión sufrida por dos guardias civiles y sus respectivas parejas en Alsasua (Navarra) el pasado mes de octubre. A la hora de argumentar el por qué de la proposición, el portavoz de la formación naranja, Lorenzo Rodríguez, enfatizó que «no se pueden permitir estos abusos» contra los agentes de la autoridad. Por su parte, Javier Gil, de Imagina Burgos, reiteró que la candidatura ciudadana «siempre» condenará toda clase de actos violentos «vengan de donde vengan». Finalmente, el portavoz socialista, David Jurado, afeó la decisión «unilateral» de C’s a la hora de plantear una moción de estas características sin consulta previa.