Burgos, la segunda en pedir informes al Consultivo

La provincia burgalesa es la segunda que más informes y consultas ha solicitado al Consejo Consultivo de Castilla y León. «1.955 dictámenes de los 13.571 emitidos desde la puesta en marcha en 2003 de este organismo de consulta y asesoramiento a las administraciones», concretó el presidente de dicho ente regional, Mario Amilivia. Y en el caso concreto de 2015, la memoria del organismo coloca la burgalesa como la tercera provincia en solicitud de dictámenes, 83, de los que 73 fueron consultas de responsabilidad patrimonial ante daños por el mobiliario urbano (23), reclamaciones sanitarias (12) o mal estado de calzadas (9), entre otras áreas.Amilivia acudió ayer a Burgos para inaugurar la jornada ‘Administración Local y la Función Consultiva’ que, de forma conjunta con la Diputación, organizó el organismo que preside en el Monasterio de San Agustín. Allí explicó que el objetivo del evento es «ejercer una tarea pedagógica con que acercar a los pequeños municipios los continuos cambios normativos en el ámbito de la gestión municipal». De hecho, añadió, es una jornada técnica -la quinta desarrollada en diferentes provincias de la región a través de sus diputaciones-, «en la que los destinatarios son los asesores legales de los ayuntamientos».El presidente provincial, César Rico, agradeció su colaboración al presidente y profesionales del Consejo Consultivo, a la hora de acercar a los municipios burgaleses su labor y la posibilidad de asesoramiento gratuito que ponen a su disposición. «Porque los cambios legislativos exigen una continua puesta a punto, ardua labor en la que se aprecia enormemente el asesoramiento y emisión de informes del Consultivo», dijo Rico.Agradeció también la colaboración del Consejo Consultivo con el Servicio de Asesoramiento de la Diputación, (Sajuma) en la realización de estas jornadas, «pues ayudan a encauzar estos complicados procesos a los secretarios e interventores», afirmó. «Que a su vez son quienes después nos auxilian a los responsables políticos, que no tenemos por qué saber el trasfondo jurídico y económico al detalle y más ante esa avalancha de cambios normativos», reconoció Rico.Así, la cita la configuraron tres ponencias en las que se explicó la labor consultiva del organismo regional, pero también los últimos cambios normativos producidos y sobre todo, la existencia y funcionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl).Amilivia reiteró que la primera labor «es la consultiva, con la que se hace un control -junto al Estado- de la legalidad en las actuaciones de las diferentes administraciones, garantizándose así su trabajo en pos del interés general». Y dentro de ésta, remarcó la emisión de dictámenes de carácter preceptivo, «aquéllos que una administración está obligada a solicitar en un procedimiento administrativo, pues si no lo hiciera la decisión posterior sería anulada al estar viciada y falta de pleno derecho», detalló, siendo 1.955 los pedidos desde los organismos de la provincia burgalesa.Asimismo, recordó que la segunda línea de trabajo de este ente regional es la realizada por el Tarccyl, «donde se depura la contratación administrativa en los llamados contratos armonizados, aquéllos de interés europeo contemplados en el texto refundido de la Administración Pública», definió Amilivia. Ámbito en el que, por otro lado, «no hacemos informes sino resoluciones contractuales, sólo recurribles ante la vía contencioso administrativa», explicó el también presidente de dicho tribunal. Concretó en «400 las resoluciones emitidas en los cuatro años de funcionamiento del Tarccyl, contratos ‘depurados’ y en los que se ha garantizado la mejor oferta, tras los cuales había más de 3.000 millones de euros vinculados a los servicios y actuaciones que éstos regulaban», remarcó.