Ceas y residencias rurales, «un servicio deficiente y opaco»

Los sindicatos UGT, CGT, USAL y CSIF, cansados de que el equipo de gobierno provincial «no escuche nuestras advertencias sobre el preocupante deterioro que están sufriendo los servicios en las residencias y los centros de acción social rurales (CEAS)», han pedido ayuda en este intento al grupo provincial del PSOE. Así, representantes de los cuatro grupos se reunieron ayer con el portavoz del PSOE provincial, David Jurado, a quien trasladaron su malestar y preocupación «porque ya no damos abasto para cubrir los servicios básicos», se lamentó la portavoz de UGT, Natalia López Molina.Explicó que la petición de ayuda a la oposición surge ante «la ya muy grave falta de deferencia del PP hacia el personal, al que obvia y niega información sobre los criterios con que marca las necesidades a cubrir», critica, «quejas que el PP niega alegando que se cumplen los ratios, cuando éstos están completamente desfasados».De ahí que una de las primeras exigencias a la Diputación de los sindicatos ha sido pedir que se actualice la valoración de los residentes, «ya que las realizadas en el momento de ingreso de éstos, en muchos casos años atrás al entrar, no reflejan la situación real de éstos, y por extensión, tampoco las necesidades de verdad que tienen de atención», reprochó la portavoz.Quejas a las que la portavoz de los sindicatos presentes en la reunión, sumó la falta de transparencia «ante la inexistencia de información sobre la política provincial a la hora de dar cobertura a dichos servicios». O el incumplimiento del decreto de 1990 que obliga a que los CEAS cuenten con trabajadores sociales y auxiliares administrativos. «Y no es así, estando los primeros completamente saturados al tener que hacer tareas que deberían hacer los auxiliares», argumentó. «Sobresaturación» a la que se suma la incertidumbre, «pues el contrato de los 9 últimos contratados concluye este diciembre y nadie sabe si serán renovados».López Medina aseguró «haber pedido insistentemente las pautas de la línea estratégica que el PP va a llevar a cabo con la plantillla provincial, que es la que atiende a nuestros pueblos, y a día de hoy no sabemos nada», reprochaba.Junto a la portavoz sindical, David Jurado argumentó que, a juicio del PSOE, son dos los grandes motivos de queja. El primero, una Ley de Sosteniblidad «muy injusta con las entidades locales y diputaciones, que ha mermado en demasía la posibilidad de éstas para contratar el personal necesario», afirmó.Y el segundo problema, «la falta de diligencia política por parte del PP para marcar unas directrices de funcionamiento claras a las que podamos atenernos todos, y los primeros los sindicatos», reprochó a su vez el socialista. «De ahí que hayamos preguntado a los sindicatos qué podemos hacer desde nuestro grupo, para trasladar sus inquietudes al ámbito de la exigencia política de unas mesas de negociación».Finalmente, López Molina detalló que han pedido explicaciones al PP con relación a la posible externalización de algunos servicios, «sobre lo que hemos preguntado a los responsables de la Diputación, quienes han dicho que, a día de hoy, no hay nada», comenta la portavoz. «Algo que nos preocupa por si lo hubiera mañana», advirtió.«Por ello insistió en pedir al presidente Rico «que tome las riendas, y que de una vez se tome en serio este problema que no sólo a afecta a los empleados, sino que agrava el inadecuado servicio que reciben los ciudadanos».