La Mesa de Empleo aspira a dar respuesta a 3.603 parados

«Si no se puede hacer en enero se convocará en febrero». Es la respuesta que dio ayer la nueva concejala de Promoción y Desarrollo, Celia Bombín, al llamamiento lanzado por Comisiones Obreras y UGT para que se dote de contenido la Mesa de Empleo y Diálogo Social que se reactivó hace ya ocho meses -con el apoyo de la Asociación de empresarios (Asemar)- con el objetivo de contribuir a la generación de empleo, la reindustrialización y la revitalización del tejido económico. «Tiene que servir para algo más que para hacer una foto», advirtió el secretario comarcal de UGT, Modesto Rioseras.Sobre la mesa, cuestiones importantes como los 3.603 parados y los jóvenes que en los últimos años se han tenido que marchar fuera por no tener un empleo. «Formamos parte de la sociedad, del tejido social de Aranda y reclamamos nuestro espacio. Queremos que nos convoquen, nos informen y nos escuchen sobre todo en lo que afecta a políticas de empleo», insistió.Así, en un momento en el que el equipo de Gobierno de Raquel González ha iniciado la negociación con los grupos de la oposición para sacar adelante los presupuestos de 2017 y la oficina de Promoción y Desarrollo está trazando las líneas para el año que viene, CCOO y UGT solicitan la convocatoria de una mesa que puede ser «muy útil».Hay que recordar que hace seis meses Asemar, UGT y CCOO presentaron una primera propuesta. Cuatro medidas para fomentar el trabajo que pasaban por un plan de Empleo valorado en 300.000 euros que supondría la contratación temporal de 25 personas para incrementar la plantilla de la brigada de Obras y Servicios con el fin de ejecutar reparaciones y arreglos en los barrios, así como asegurar la eliminación de barreras arquitectónicas y un correcto y efectivo mantenimiento del mobiliario urbano. «Con remanentes se aportó una cantidad, pero no todo lo que pedíamos», analizó el secretario general de la Unión Comarcal de CCOO de Aranda de Duero, Jorge Melero.Como segunda medida, planteaban implantar, en el plazo máximo de un año, la ordenanza que regula la Inspección Técnicas de Construcciones, obligatoria desde hace más de cinco años. «En este caso, se avanzó el pasado mes de octubre con la aprobación de la ordenanza reguladora en el Pleno», prosiguió consciente de que esta aplicación no solo es obligada por Ley, sino que también ayudará a pequeñas y medianas empresas de la construcción a salir de la crisis.Quedan en la recámara los otros dos planteamientos enfocados a crear una ventanilla única para agilizar los trámites administrativos de las empresas y a aplicar medidas de acción positiva de empleo de las empresas privadas que gestionan servicios municipales en la ciudad de Aranda de Duero. Por ejemplo: incentivar en los pliegos la fase de garantía y calidad y no únicamente el precio, abogar por el mantenimiento del actual volumen de empleo en la prestación de servicios y por la subrogación como cláusula obligatoria en los pliegos de condiciones, entre otras.