C’s solicita respuestas a la Inspección de Servicios

Después de realizar un seguimiento del proceso y dado su temor a un posible «carpetazo», el procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla yLeón, Manuel Mitadiel, registró ayer una serie de preguntas en relación a la denuncia de varios empleados públicos -hace más de dos años- por la presunta incompatibilidad de funciones de un funcionario de la Delegación Territorial de Burgos.El parlamentario adoptó esta decisión porque la Inspección General de Trabajo «nunca llamó a estas personas para declarar y no hubo ninguna contestación». En base a esta circunstancia, los funcionarios trasladaron su queja al presidente regional, Juan Vicente Herrera, antes de recurrir en última instancia al Procurador del Común, que a finales de diciembre consideró oportuno «iniciar las actuaciones supervisoras oportunas, dando traslado al colectivo denunciante del resultado de las mismas» siempre y cuando «no se hayan llevado a cabo actuaciones por la Inspección General de Servicios sobre el cumplimento de la normativa de incompatibilidades».La queja de estos funcionarios, según recoge el informe del Procurador del Común, radica en el hecho de que el denunciado, con «un perfil de liquidación de Impuestos de Sucesiones» en el programa de Gestión Unificada de Ingresos Autonómicos (GUIA), «solicita documentos de prevalorizaciones para iniciar un expediente de sucesiones» y «simultáneamente está actuando como gestor particular autorizado por los herederos en expedientes de sucesiones, los cuales puede posteriormente liquidar dentro de su perfil».Dicho de otra forma, tal y como explicó el propio Mitadiel a través de un comunicado, «el denunciado captaba clientes como abogado particular en la oficina pública, por lo que en muchos casos se convertía en apoderado, representante y funcionario tramitador, lo cual es incompatible».Ante la «presunta pasividad de la Inspección General de Servicios al no haber llevado a cabo actuaciones contra el funcionario» y a pesar de las pruebas testimoniales aportadas por los empleados públicos, elProcurador delComún remitió un oficio al denunciado el pasado 25 de octubre para que «efectuara las alegaciones que estimase oportunas». Su respuesta llegó el 10 de noviembre.Asimismo, el organismo recibió sendos informes del Inspector General de Servicios el 7 de julio y el 29 de septiembre de 2016. Sin embargo, «no se ha adjuntado una copia de conclusiones (...) acerca del posible conflicto de intereses del funcionario».Por otra parte, el Procurador delComún también solicitó información a la Consejería de Economía y Hacienda, que el pasado 14 de diciembre indicó que el denunciado «tiene autorizada la concesión de un incremento de productividad vinculado al plan de lucha contra el fraude 2014 a propuesta del Director General de Tributos y Financiación Autonómica». Eso sí, no se incluyeron «manifestaciones acerca de la compatibilidad que el funcionario tiene reconocida en la actualidad ni de la apertura de actuaciones disciplinarias (...) por presunta vulneración de la normativa de incompatibilidades». Sobre este aspecto, el informe concluye que «no se aprecia irregularidad alguna respecto al reconocimiento al funcionario del complemento de productividad de lucha contra el fraude».Protección por leyTeniendo en cuenta que la ley de protección a denunciantes de corrupción impulsada por Castilla y León es posterior a esta denuncia, Mitadiel preguntó «si la Junta va a tomar alguna medida especial para proteger a los funcionarios denunciantes». Respecto a la ley en sí, se mostró «razonablemente satisfecho» y confía en su pronta aplicación a nivel nacional. De momento, se ha ofrecido a desgranar los aspectos clave de su contenido y tramitación en otras autonomías.Lorenzo Rodríguez: «no hay que ir contra quien denuncia»El portavoz del grupo provincial de Ciudadanos confirmó ayer su apoyo a la protección de los funcionarios que denuncian casos de corrupción y exigió «respeto» a quienes dan este paso. Con ello se refirió a los ediles de su formación que han destapado irregularidades en ayuntamientos como el de Monasterio de Rodilla o en Los Barrios de Bureba, donde el concejal Elías Plaza fue amenazado y agredido. «No hay que ir contra quien denuncia», reiteró antes de remarcar la necesidad de presentar pruebas fehacientes y «no denunciar porque sí».