La división en el seno del CSN retrasa la decisión sobre Garoña

La reactivación o no de la central nuclear de Santa María de Garoña, paralizada hace ya cuatro años, volvió a quedar ayer sobre la mesa. Se abre así un nuevo período de incertidumbre al respecto de su futuro, al menos hasta el próximo miércoles en que vuelva a reunirse el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Y es que la división existente en el seno del pleno del este organismo -primera entidad que debe dar su autorización para dicha reapertura, y configurada por cuatro miembros y su presidente-, quedó de nuevo patente tras pedir uno de sus miembros, Cristina Narbona, el aplazamiento del debate y posterior toma de decisión al respecto, concreta Europa Press.A pesar de hallarse dicha decisión entre los puntos del día de la reunión del organismo nuclear de ayer, Narbona hizo uso de su derecho reconocido en el artículo 34 del Estatuto del CSN, el cual detalla que «cualquier consejero podrá solicitar aplazar la deliberación sobre algún asunto concreto hasta la próxima sesión, petición que el presidente puede denegar cuando dicha cuestión haya sido tratada ya en dos sesiones anteriores». De ahí que desde el propio seno del CSN, se considere que «apenas puedan faltar una o dos semanas para que se conozca la decisión final, pues el pleno puede pedir un máximo de dos aplazamientos.Solicitud de Narbona ante la que, como detallaron desde el CSN a través de un comunicado, el resto de miembros del mismo «no han adoptado decisión alguna, de modo que el pleno proseguirá con el estudio y toma en consideración de los diferentes expedientes referentes a Garoña en su próxima sesión», explican.Desde el CSN recuerdan que si bien la decisión sigue aún valorándose, los cinco miembro del pleno cuentan desde diciembre con toda la información al respecto. Diferentes expedientes administrativos referentes a la seguridad o de modificación de elementos, entre otros contenidos, asociados todos ellos al conjunto del proceso de renovación de la autorización de explotación de Garoña, y que han comenzado a ser analizados «en detalle», añaden desde el CSN.La renovación de la central nuclear de Santa María de Garoña comenzó a ser informada el pasado miércoles, 25 de enero, en el pleno del CSN, los consejeros que lo componen tenían ya a disposición para su estudio la documentación relativa al expediente de la central desde diciembre.Desde el Consejo de Seguridad recuerdan que en 2014, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo solicitó al CSN un informe preceptivo respecto a la central burgalesa, lo que llevó a su vez al Pleno de este organismo a remitir a Nuclenor como titular de la central -coparticipada al 50% por Endesa e Iberdrola-, la llamada Instrucción Técnica Complementaria (ITC). Con ella se le solicitaba documentación y requisitos adicionales para la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear burgalesa.«Evaluación, realizada de acuerdo a la guía elaborada específicamente para este proceso de autorización», se detalla en el comunicado, «y que ha supuesto la dedicación de 30.000 horas por parte de hasta 16 áreas técnicas del CSN, que se han materializado posteriormente en 167 informes de evaluación, 20 actas referentes a labores de inspección y 23 actas de reunión», concretan.«Como cada día»

Y mientras el Pleno del CSN acuerda posponer nuevamente su decisión sobre la reapertura o no de la central burgalesa, la plantilla sigue realizando su trabajo «como cada día, a la espera pero sin dejar de ocuparnos de nuestra labor».Con esta frase resumía ayer el presidente del comité de empresa de Nuclenor, Pedro San Millán, la situación en la que se encuentran los trabajadores de la central nuclear de Garoña. Todo ello mientras en la mesa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se encuentra desde finales de diciembre, la amplia y numerosa documentación en cuyo estudio basarán la decisión de reactivar o no la actividad de la central burgalesa, paralizada hace ya 4 años. Decisión que, de nuevo, queda aparcada.Como explica San Millán, «nosotros no sólo llevamos trabajando estos últimos cuatro años para este momento, sea cual sea la decisión que se tome, sino muchos más para adecuar la central a las necesidades de cada momento», asegura. «Lo que hace que en este momento la central se encuentre, incluso, en mejor situación que años atrás pues se han realizado mejoras y modificaciones con el fin de un mejor rendimiento».El representante laboral insiste que si bien la decisión del CSN «es importante», en verdad «sólo es uno de los pasos que aún quedan por dar» de cara a la posible vuelta a la normalidad de la central, la cual inició su actividad en 1971. «Porque el informe que emita el CSN será vinculante sólo en caso de ser negativo», recuerda el trabajador. «Puesto que si ese informe es por el contrario positivo, pasará a manos del Ministerio de Industria, cuyos responsables deberán emitir un nuevo informe al respecto» afirmó.Poder de decisión «que no tenemos los trabajadores, quiene estamos a favor de mantener los cientos de puestos de trabajo vinculados tanto a la plantilla como a las muchas empresas que de forma paralela trabajan para ella», comenta. Aunque como puntualiza, grueso de empleados menor al existente años atrás, «porque en estos cuatro años han sido muchas las jubilaciones que se han producido, y que ante la incertidumbre sobre el futuro de la central, se han quedado sin cubrir».San Millán cifra así en unos 400 empleos los que formaban la plantilla antes del 2012 en que la central paralizó su actividad, «que con las jubilaciones ahora suponen unas 145 personas menos», concreta. A quienes se suman otras 150 pertenecientes a empresas con actividad vinculada a la central, «y que suponen también entre 200 y 300 personas menos».Duda sobre la posible reposición de jubilados que desde este periódico se planteó ayer a Nuclenor sin haber recibido tampoco respuesta. Cuestión a la que desde la plantilla «por ahora no le damos especial importancia», reconoce San Millán, «ya que aún están en el aire muchas cuestiones que la empresa deberá estudiar posteriormente».Valoración en la que no duda que también se contará con los trabajadores, «pues si algo debemos agradecer durante todos estos años, es la continua comunicación e información que siempre hemos recibido de la empresa», agradece San Millán.«Futuros chantajes»

Desde el PSOE burgalés, el senador Ander Gil mostró ayer su preocupación ante la posibilidad de que la decisión del CSN diera lugar a la futura reapertura de la central, «pues daría lugar a una rocambolesca y peligrosa situación», advirtió el senador burgalés. Remarcó cómo todos los pasos dados hasta ahora «son una muestra clara de los acuerdos existentes entre el Gobierno y las empresas eléctricas, las cuales buscan seguir haciendo negocio, aunque eso dé lugar a una situación única en toda Europa como es que una central siga funcionando más allá de los 40 años de vida actualmente establecidos».Gil añadió que, además, con el visto bueno a la reapertura de Garoña, «se dejaría la puerta abierta a futuros chantajes de las eléctricas», las cuales, «ante la legítima decisión de futuros gobiernos de acabar con la actividad energética nuclear, amenazarían con presentar una demanda millonaria al Gobierno por el lucro cesante al contar con lo sucedido con Garoña como ejemplo a seguir».Gil insistió pro ello en que la decisión que se tome sobre el futuro de Garoña, «debe ser tomada por el Congreso y el Senado, «a los que el Gobierno del Partido Popular ha obviado por completo», criticó el socialista.PSOE: «Denuncian a Valle de Tobalina para no pagar los impuestos»

De forma paralela al estudio de la posible reactivación o no de Garoña, desde el PSOE burgalés se anunció ayer que se presentará en breve una Proposición No de Ley en las Cortes regionales, para instar al Ministerio de Industria «a que obligue a Enresa a retirar el recurso que ha presentado contra el Consistorio de Valle de Tobalina, en un intento de ‘escaqueo’ del pago de impuestos al que está obligado por la construcción del AlmacénTemporal Individualizado (ATI)», denunció el senador socialista, Ander Gil.Acompañado por el concejal en el Consistorio tobalinés, Jesús Ángel López Mendoza, ambos recordaron que si bien fue Nuclenor la que pidió la licencia de obra que en 18 meses dará forma al futuro almacén de residuos en uno de los terrenos anexos a Garoña, «Enresa es la gestora de los residuos y es ella la que tras presentar un aval de 134.000 euros, ahora se niega a pagar la parte que le corresponde de los impuestos, como cualquier otro empresario que hace una obra».El Consistorio cifró en 214.287 euros el montante a pagar por esta obra, correspondiente al 2% del ICIO de los 10,7 millones que ésta costará. Sin embargo, Enresa en su recurso ante el contencioso administrativo presentado en diciembre, rechaza que en el pago se incluyan 5 contenedores móviles.López de Mendoza recuerda que el Ayuntamiento concedió en mayo a Nuclenor la licencia para la construcción del almacén y marcó el montante del ICIO que debían pagar entre ambos. «Pero entendemos que debe ser Nuclenor la que debe ponerse de acuerdo con Enresa y solucionarlo».Asimismo, criticó que tras conocer el impago de Enresa y el recurso recurso de ésta, «pedimos a la alcaldesa que parara la obra y no sólo no lo ha hecho sino que ha asegurado que no denunciará a Nuclenor, a pesar de ser ella la titular de la licencia».