Los caminos rurales seguirán siendo labor de los municipios
Imagina no logró el compromiso provincial más que para coordinar y dar ayudas para su arreglo Sí hubo acuerdo para actualizar el catálogo de bienes e inmuebles

El portavoz de Ciudadanos, Lorenzo Rodríguez, no logró sacar adelante su propuesta de crear un plan de movilidad sostenible con los vehículos eléctricos como eje.-I. L. M.
La Diputación Provincial seguirá siendo mera ‘prestadora de ayudas ’ de los proyectos de arreglo de los caminos rurales, los cuales continuarán en manos de los ayuntamientos. Y es que los diputados provinciales de Imagina no lograron convencer al resto de la corporación provincial para que la Institución asuma dicha competencia. Es más, sólo se logró la unanimidad favorable tras acceder a la petición del Partido Popular de retirar del texto el reclamo de que se convierta en «una competencia» provincial, en favor de «ser sólo una labor coordinadora».«Porque no podemos ni debemos», argumentó el portavoz popular, Borja Suárez, »ya que sería sumar a los más de 2.500 kilómetros de carreteras provinciales que ya son labor nuestra, otros 2.000 de estos caminos, obligándonos a quitar dinero de otras partidas». Por ello, invitó a seguir ayudando a los municipios en estos arreglos, «y mientras dejar que siga avanzando la elaboración del Plan de Carreteras provinciales en el que ya trabajamos, y que nació del acuerdo de todos los grupos», comentó, tras recordar que está en plena elaboración con ayuda de la Universidad de Burgos (UBU) a la hora de analizar su estado y volumen de tráfico.Si bien tanto PSOE como Ciudadanos entendieron el trasfondo de la petición como una mejora para los pueblos -«aunque en cierta forma se pida que la Diputación asuma labores impropias», puntualizó el portavoz del PSOE, David Jurado-, a Suárez no le convencieron los argumentos dados por la diputada provincial de Imagina Burgos, Sara Hojas.Ésta defendió que contar con accesos en buen estado a todos los pueblos «es algo esencial para mantener su población e incluso intentar atraer actividad al mismo». Además de considerar que debe asumir estas obras la Diputación «por ser cuestiones básicas que afectan a las competencias genéricas de las instituciones provinciales».No al coche eléctrico
Por otro lado, el Pleno de ayer rechazó -con el voto a favor de Imagina y PSOE pero en contra del PP-, la propuesta de Ciudadanos (C’s) de crear un plan de movilidad sostenible, con la implantación de puntos de recarga eléctrica en las dependencias provinciales y algunos ayuntamientos rurales como eje. Además de realizar desde la Agencia de la Energía de Burgos (Agenbur) campañas informativas al respecto.El portavoz de C’s, Lorenzo Rodríguez, explicó la propuesta como una vía de mejora de la comunicación, por lo que propuso por un lado, que la propia Diputación valore incorporar algún coche eléctrico en su parque de vehículos.«Además de colocar alguno de estos puntos en edificios de su propiedad, e informar a los pueblos sobre «cómo podría instalar uno, qué coste tendría y qué ayudas existen que pudieran serles de utilidad».Sin embargo, desde el PP, Borja Suárez rechazó la idea al interpretarla como costosa y de menor interés para los propios ayuntamientos, «quienes nos han mostrado su interés en que les ayudemos a reducir el coste energético que les supone el 40% de su gasto», detalló.20 años después
De ahí que recordara que la Diputación ya mira por el medio ambiente, «pero a través de varios planes de ayudas, impulsados a su vez desde Agenbur y Sodebur», añadió.Finalmente, otro de los acuerdos alcanzados fue trabajar para actualizar con urgencia el Inventario de Bienes y Derechos de la Diputación. Apoyo unánime a la propuesta defendida desde el PSOE por David Jurado, quien recordó que la última actualización data de 1998. «Y hoy está en tan desastroso estado que en diciembre recibimos una reprimenda por parte del Consejo de Cuentas, quien detectó grandes irregularidades que deben corregirse».Regulación que como explicó el diputado provincial de C’s, José María Fernández, «servirá también después como herramienta para conocer de verdad los costes que generan los servicios provinciales», auguró. Caótica situación que reconoció el portavoz popular, quien recordó que desde la Diputación ya se está trabajando en ello mediante la concesión el pasado año a T-System, del contrato para unificar la información en una plataforma electrónica, y que en 2018 debe estar ya listo.