Tobalina sigue dividida ante el posible futuro de Garoña

La noticia este miércoles del visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la reapertura de la central nuclear de Garoña, volvió a poner sobre la mesa la realidad que la provincia vive desde hace más de 40 años en el territorio donde ésta se ubica. Equilibrada división entre los vecinos de Valle de Tobalina, donde ésta se ubica, a la hora de apoyar o rechazar la reactivación de la central.«De la que muchos, como nuestra alcaldesa del PP, Raquel González, destacan el enorme beneficio que su presencia supone para la comarca, cuando en verdad muchos de los empleados son de fuera, y el Consistorio no ha recibido ingresos por el IBI hasta finales de los 90», puntualiza el portavoz de Vivir en Tobalina en el Ayuntamiento tobalinés, José Luis Conde, «a pesar de llevar funcionando desde los años 70».Añade que ni siquiera ha asentado población, pues si bien décadas atrás «en Valle de Tobalina la población superaba las 3.500 personas, hoy apenas rondamos los 1.000 tras haber perdido s60 personas ólo en el 2016», cifra.En cuanto a la colaboración de la empresa en el entorno, Conde comenta que «se limita a los carteles de las fiestas», ya que las aportaciones económicas -en torno al millón de euros-, «son por el pago de impuestos que deben abonar, como cualquier otra empresa en concepto de IBI y de IAE, que suponen unos 850.000 y otros 350.000 euros, respectivamente».Junto a él, también expresó su preocupación por la resolución del CSN el alcalde de Valle de Zamanzas, Juan José Asensio, donde aseguró que «estamos cansados de ser el basurero de la provincia, gracias a una central nuclear que es un peligro -y los residuos que ésta genera-, o los permisos otorgados para realizar investigaciones vinculadas al fracking», se lamentó.A debate en la UE

Asensio mostró así su disconformidad con la posible reapertura de la central, contra la que recuerda que ya en el Pleno municipal «aprobamos una moción al respecto instando al Gobierno central a negarse a dicha reactivación». Proposición a la que, como explicó, sumó a título personal el envío de una solicitud a la Unión Europea para que ésta revise la posible reapertura, «ya que incumple el tratado europeo ‘Euratom’, donde se especifica que para reactivarse debe cumplir todas las pautas de seguridad», remarcó. «Y sin embargo, aquí se le da el visto bueno a pesar de estar las mejoras obligatorias a medio hacer», denunció Asensio, quien comentó que ya ha trasladado la iniciativa a grupos con parlamentarios europeos para su defensa en el seno de las comisiones europeas.Desde Ecologistas en Acción, Arístides García, criticó también que hayan sido «personajes políticos los que han decidido al respecto de Garoña, mientras la veintena de expertos y técnicos que sí se reúnen con asiduidad y saben qué sucede, se quejaban de que no se les ha preguntado nada».Reprochó a Nuclenor que haya tenido 4 años para realizar las 12 mejoras pedidas por presión de Europa tras el desastre de Fukushima, «y sin embargo ha estado más pendiente de quién seguía en el poder y de hacer el ATI». Así como del posible lucro cesante porque si se les da la opción de reabrir y luego no sigue adelante, la indemnización podría rondar los 800-1.000 millones de euros», cifró.García mostró su preocupación porque en estos años tampoco se haya hecho un plan de reimpulso de la zona, «cuando nosotros, que ni siquiera teníamos ninguna responsabilidad, ya hicimos una propuesta básica hace años».Reproche que también realizó el portavoz del grupo provincial de Imagina Burgos, Marco Antonio Manjón. «Un plan que tenía que haberse hecho al ser todos conscientes, incluidos los propios trabajadores, de la fecha de caducidad de la central, que no tiene por qué seguir pues en estos cuatro años, su falta no ha causado ningún problema de abastecimiento». Criticó por ello, que «los políticos no hayan velado de verdad por los empleados, pues sino hace tiempo que estarían trazando un plan alternativo para cuando ésta se cierre».