La Justicia absuelve al exalcalde de Olmedillo de Roa

El exalcalde de Olmedillo de Roa, el socialista José Manuel Ozores, ha sido absuelto de la acusación de malversación de fondos públicos y prevaricación que estaba investigando el Ministerio Fiscal a raíz de una denuncia promovida por el actual regidor, el popular Miguel Ángel Muñoz. En juego estaba una pena de cuatro años de prisión, ocho años de inhabilitación de cargo público y una indemnización que superaba los 12.000 euros.Las imputaciones hacían referencia a un presunto delito de malversación de fondos por entender que el Ozores se podía haber aprovechado de su condición de alcalde para tener un beneficio económico ilícito al cargar compras de material de construcción -por valor de 12.880 euros- para un uso particular entre los años 2007 y 2011 y por haber presentado facturas de gasolina de su vehículo. Respecto al supuesto delito de prevaricación por la contratación de su mujer para tareas de limpieza, el juez despeja todas las dudas y confirma que en ninguno de los tres casos hubo irregularidades.Aliviado por una sentencia que termina con tres años de procedimiento judicial en el que se ha llamado a declarar a 29 personas, Ozores se mostraba tranquilo pero no olvida el sufrimiento ni a las personas a las que hace responsables: el alcalde, Miguel Ángel Muñoz, quien fue regidora en el momento de la denuncia, Isabel García y el concejal, Pachi Escudero. «No les voy a dedicar ni medio minuto», zanjó a sabiendas de que el «mejor desprecio es no hacer aprecio» y de que las «mentiras que llevaron a la Fiscalía» han quedado por fin aclaradas.En su opinión, la denuncia responde a una venganza por el contencioso que él mismo emprendió contra ellos por la adjudicación directa de 135 hectáreas de tierras del monte de Carragumiel, propiedad del Ayuntamiento. «Sigue su curso. Se iba a celebrar el 17 de octubre de 2016, pero por una operación al hijo de mi abogado se tuvo que suspender y se retomará el 17 de mayo», explicó convencido de que en esta ocasión el falló será condenatorio. «En la Navidad de hace tres años me llegaron a amenazar diciéndome que si quitaba la denuncia no sacarían la documentación que luego llevaron a la Fiscalía», subrayó.Valoración

Ozores se aferraba a la valoración que ha hecho el ingeniero de montes de la Junta de Castilla y León en la que afirma que las tierras valen 111 euros por hectárea y no los 100 euros que calculó el Gobierno de Miguel Ángel Muñoz. Ocho terrenos que, según su denuncia, fueron adjudicados sin el concurso público pertinente al propio alcalde, sus hermanos, el cuñado de la exregidora y otros cuatro vecinos. Por ello, Ozores confía en que la Justicia les inhabilite. «Los políticos no pueden acceder a tierras municipales y menos si no ha habido subasta pública», insistió con la esperanza de que reciban su castigo y sean apartados de la política.A sabiendas de que contra esa sentencia cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el actual alcalde no descarta presentarlo. «Nosotros creemos que tenemos la razón», aseguró a este periódico.La noticia se produce 15 días antes de que cuatro concejales del ayuntamiento de Aranda -y tres ex concejales- vayan a declarar como investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa.