Junta y Diputación mejorarán la comunicación en Fuentes Blancas

La Diputación y la Junta trabajan ya para mejorar la seguridad del entorno de la residencia de Fuentes Blancas, después de que en enero un autobús urbano atropellara a un octogenario al que el conductor no pudo evitar, y que sufrió un fuerte golpe por el que tuvo que ser reanimado. Así lo avanzó ayer el presidente de la Diputación, César Rico, como respuesta a la cuestión que al respecto le dirigió el diputado provincial de Ciudadanos (C’s), José María Fernández, en los ‘Ruegos y preguntas’ del Pleno. «Hemos iniciado conversaciones con la Junta para valorar la mejora de la red de comunicación interna, para lo que ya han visitado las instalaciones técnicos regionales», añadió. «Organismo al que se ha planteado, de nuevo, crear un sistema de comunidad de propietarios para abordar este tipo de mejoras y actuaciones».Poco acuerdo se logró, sin embargo, en el resto del Pleno, en el que los vecinos de Rublacedo de Abajo mostraron pancartas haciendo público el enfrentamiento que mantienen con su alcaldesa. Y que comenzó con una declaración unánime para instar a la Junta y el Estado a reponer los recursos en políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia de género, tras un recuerdo a la arandina Benita Núñez y la periodista Yolanda Pascual, asesinadas por sus ex parejas.Y es que fueron rechazadas las 3 mociones que los grupos llevaron para su defensa en la cita plenaria, aunque eso sí, unas con más polémica que otras. Fue el caso de la presentada por Imagina Burgos, en la que su portavoz, Marco Antonio Manjón, pidió la creación de un protocolo de regulación de los fondos institucionales que recibe cada grupo.Propuesta que el resto de grupos interpretó como «demagogia». «Porque aunque entiendo que Podemos vive de las malas prácticas políticas llevadas a cabo en este país y que tanto han indignado al ciudadano, si hay dudas hagan lo que hemos hecho todos, acudir al secretario y pedirle que se lo aclare», criticó el portavoz socialista, David Jurado. Sobre todo cuando «ya existe una normativa al respecto, que marca tanto lo que recibimos cada grupo como la obligación de presentar justificación de todo ello antes de concluir cada año, y de devolución de aquello no utilizado», ahondó en el reproche el portavoz de Ciudadanos (C’s), Lorenzo Rodríguez. «Y más cuando este tipo de iniciativas sólo generan ‘mala fama’ para la Institución, y no se solucionan en una propuesta plenaria sino preguntando en Intervención o Secretaría», reiteró el portavoz popular, Borja Suárez. Ante todo ello, Manjón dijo actuar «en conciencia», «ya que se trata de un protocolo que nos lleve a ser transparentes en todo momento, sin esperar a que la Diputación nos pida cuentas», argumentó.Rechazo nada ‘personal’, a tenor del que también recibieron las dos propuestas defendidas por el diputado provincial de C’s, José María Fernández, y el socialista Javier Lezcano, respectivamente. En el caso del primero, Fernández no logró el apoyo para instar a la Diputación a incluir en futuros pliegos para la contratación de los servicios de electricidad y energía eléctrica cláusulas que favorezcan la contratación de energía únicamente renovable.Suárez le recordó que desde Agenbur (Agencia para la Energía de Burgos), ya se llevan a cabo medidas para lograr el ahorro por el que aboga C’s con su propuesta. «Y más real para los pueblos, como es el programa de sustitución de luminarias que trae consigo remarcados ahorros en sus facturas», explicó, precediendo así al voto contrario del grupo del PP.Idéntico voto concedido por los miembros de la bancada popular a la moción defendida por el socialista Javier Lezcano, quien proponía la contratación de más conductores con los que poder dar más uso a las cuatro motoniveladoras provinciales, para aligerar la lista de espera de solicitud de uso de éstas «en la que están más de 160 localidades». Sin embargo, el PP tumbó la propuesta, rechazo que Suárez basó, entre otros argumentos, en el menor coste que el sistema actual supone para la Diputación. «Pues la hora de trabajo de la motoniveladora que ahora le cuesta a la Diputación -con una empresa contratada para ello- 62,60 euros, llegarían a 109,13 euros en caso de ser sólo empleados provinciales».Finalmente, sí fue unánime la satisfacción al aprobarse las bases de ayudas de los planes provinciales, «a ver si el próximo año logramos que lleguen aún antes», desearon todos.