El Ventorro recurrirá al Supremo la indemnización por la depuradora

Los propietarios del restaurante El Ventorro saben que lo tienen complicado, pero no se van a rendir. Acudirán a la última vía, el Tribunal Supremo, para exigir lo que consideran justo: que tras 17 años de batalla judicial en los que el Ayuntamiento de Aranda ha incumplido una sentencia que obligaba al derribo de la depuradora de aguas residuales -por su ubicación ilegal- «no salga gratis». «La indemnización de 100.000 euros suena a broma», lamentaba ayer su representante legal, Alejandro Suárez, decidido a presentar el recurso de casación dentro del plazo de 30 días.El Ventorro responde así al último auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia en el que ratifica la indemnización de 100.000 euros por la inejecución de la sentencia: 14.774.918 euros menos de lo que reclamaban los demandantes. «Nosotros nunca quisimos el dinero; nuestro objetivo era que se demoliera la depuradora y se cumpliera la legalidad», aseguró el abogado arrepentido por haber abandonado esa reclamación.El hecho de que el Tribunal Superior haya rechazado este recurso no les sorprende. «Lo tomamos como un mero trámite porque es difícil que un tribunal se contradiga».

En su opinión, el juez ha ignorado pruebas de fundamento como las cuentas del establecimiento o el proyecto de ampliación que se iba a llevar a cabo y que no se pudo desarrollar por los malos olores y la tensión social generada con el procedimiento judicial. Según recordaron en su día, hubo incluso problemas de salud derivados con la ansiedad. «El hecho de que se ponga en duda los daños morales duele», admitió.Pero el tribunal, por ahora, se mantiene firme al dar la razón a un Consistorio que entiende que los 100.000 euros no se deben pagar por perjuicios económicos, que a su entender «no existen», ni por los daños morales, «que no se reconocen a una sociedad mercantil», sino por los años de tramitación judicial. En su defensa, el Ayuntamiento recordó además que la depuradora no fue declarada ilegal por su distancia a El Ventorro, sino por la distancia a Villalba, un municipio que ahora se beneficia de forma directa de la estación. En cuanto a los olores, la Corporación los atribuye a una granja de cerdos próxima. Respecto a la ampliación, la defensa municipal se aferró a la catalogación de un terreno «no urbanizable de especial protección agrícola».Sin saber todavía cuánto costará el procedimiento judicial en el Tribunal Supremo, el abogado del restaurante ubicado en el kilómetro 273 de la N-122 confiaba no obstante en que el juez reduzca en lo posible los costes.La historia de esta batalla judicial está llena de giros imprevistos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimaba en verano de 2014 el recurso municipal y obligaba al Ayuntamiento a comenzar a barajar la posibilidad de tener que derribar la estación depuradora. En enero de 2015, el panorama cambió por completo cuando el mismo tribunal decidía declarar la «inejecutividad» de la sentencia al dar por legalizada la instalación.«Sólo procede concluir que debe considerarse legalizada la obra, y en consecuencia considerarse que no procede el cumplimiento literal del fallo de la sentencia, por concurrir circunstancias posteriores que son causas de imposibilidad de restauración de legalidad», advertía la sentencia al recordar la Ley de Urbanismo de Castilla y León y el perjuicio que ocasionaría al medio ambiente el vertido de estas aguas al río Duero.