Roa critica la lentitud en los trámites del ciclo del agua

El Ayuntamiento de Roa se muestra algo harto de parecer el malo de una película «en la que la polémica no la hemos generado nosotros -que quisimos hacer las cosas bien- sino la Diputación que dejó su recurso durmiendo ‘el sueño de los justos’ voluntaria o involuntariamente, y que dio lugar a un baile de plazos que no compartimos».Con estas palabras la alcaldesa raudense, la socialista María Carmen Miravalles, explicaba la postura del Consistorio que preside, rechazando el carácer negativo de la prórroga concedida a una serie de municipios -entre ellos Roa-, para finalizar y certificar las obras correspondientes a las dos líneas de ayudas para el ciclo del agua y limpieza de depuradoras.Porque, como explica, ellos presentaron recurso «al día siguiente» de recibir notificación provincial de concesión de una ayuda de unos 30.000 euros, «al ver que el baremo calculado era erróneo, y que nos correspondían unos 9.000 euros más». Recurso del que -continúa-, no se obtuvo respuesta provincial. Hecho que llevó al Consistorio raudense a trasladarlo al Contencioso Administrativo tiempo después.Fue entonces, puntualiza, «al recibir el aviso de la futura apertura de dicho proceso, cuando la Diputación respondió que se revisaría». «Lo que hizo que retiráramos dicho recurso judicial, siendo principios de mayo cuando se nos respondió que, efectivamente, había habido un error y que tras la pertinente revisión se nos daban casi 40.000 euros».Respuesta que como reitera molesta, «nos llegó a principios de mayo, momento desde el cual entendemos que tendrían que haber comenzado a contar los plazos, porque si nos la hubieran dado antes, no se había llegado a esta situación», reprocha Miravalles.Conscientes de la importancia de llevar a cabo esta conexión y mejora de la depuradora para la localidad, aclara que la ayuda solicitada fue de 80.000 euros a través de la convocatoria destinada por la Diputación a los ciclos de agua. «Proyecto que ya teníamos y que tuvimos que modificar cuando los técnicos de la Junta rechazaron el trazado previsto por debajo del río, al considerar que era un elemento protegido que no podía ponerse en peligro, marcándonos entonces la obligación de trasladar físicamente el trazado del proyecto hacia otro puente más alejado». Trámites que, a su vez, motivaron la petición desde el Consistorio de la prórroga, y que dieron lugar a la redacción de una separata que completa el proyecto.Como conclusión, la alcaldesa detalla que la intervención incluida en dicha separata del proyecto se realizará con la partida de casi 40.000 euros concedida por los planes provinciales. «Trabajos que ya tenemos adjudicados a una empresa de Villarcayo y que queremos iniciar en breve, y con los que tenemos claro que se pueden cumplir los plazos de la prórroga, del 30 de octubre para fin de la obra y del 30 de noviembre para su certificación», concluye.«A la fiscalía si no es una actuación ajustada a la ley»Desde el grupo provincial de Imagina Burgos, su portavoz en la Diputación, Marco Antonio Manjón, aseguró ayer que no dudarán en llevar a la Fiscalía la aprobación de la prórroga -dada por la Institución Provincial a una serie de municipios que pidieron ayudas al ciclo del agua de 2016-, «si los asesores jurídicos a los estamos consultando sobre la legalidad de esta ‘amnistía’ corroboran que es una práctica ‘denunciable’», aseguró.Manjón criticó que el pasado 4 de julio se trasladara a los grupos de la oposición -en la reunión de la subcomisión de Medio Ambiente-, un escrito informando de la aprobación en la Junta de Gobierno, de una prórroga extraordinaria para aquellos municipios que no habían acabado o certificado dichas obras.Hecho que, recuerda, se negaron a aceptar. «En primer lugar, porque en una anterior reunión ,ya aprobamos todos de forma unánime rechazar dicha prórroga por ir contra las bases de la propia convocatoria, algo que avalaba el informe de los propios técnicos de Medio Ambiente».Y en segundo lugar, añade, «al abrirse así la puerta a que a partir de ahora todos los municipios puedan hacer lo mismo en cualquiera de las numerosas líneas de ayuda y subvenciones provinciales». Argumentó que «lo normal hubiera sido analizar caso por caso, no dar visto bueno a todos sin saber si unos han incumplido por trabas desde otras instituciones o por dejadez», remarcó el diputado provincial.Si bien el portavoz de Imagina no pudo dar el número exacto de aquellos municipios a los que afecta esta medida, sí destacó que los hay de todos los tamaños y colores, entre los que destacó el Ayuntamiento de Roa, por su volumen y por los cerca de 40.000 euros de montante que supone la ayuda concedida.Por otro lado, Manjón criticó que en la última convocatoria provincial del Plan de Empleo III -centrado en la contratación de personas con discapacidad-, se quedaran fuera 26 solicitudes para contratar a otros tantos discapacitados, al ser insuficiente el montante destinado a ello. «Por ello, pedimos a la Diputación que extraiga de los remanentes o del capítulo que consideren, los 130.000 euros necesarios para completar estas ayudas».Malestar de los técnicos «ya que no se nos hace caso»Desde el Área de Medio Ambiente, el jefe de servicio, Luis Pérez, quiso ayer defender la labor que realizan los técnicos de dicho área, «ya que parece que se nos culpa de todo cuando, en verdad, no se nos hace ni caso», reprocha molesto.Destaca así el caso de la prórroga aprobada por la Diputación a una serie de municipios, para que puedan acabar las obras y certificaciones de éstas realizadas con las ayudas de las dos convocatorias del ciclo del agua de 2016. «Cuando hace unos meses, y con la ley en la mano, se vio que algunos incumplían -e incluso se comprobó in situ que dichas obras ni se habían realizado-, se emitió informe rechazando dicha ampliación de plazos».«Y sin embargo, después la Junta de Gobierno aprobó la prórroga extraordinaria, en contra de nuestros informes, lo que deja claro que es una decisión política que deberán explicar los responsables políticos, no nosotros».Polémica aprobación por la que tanto Imagina como Ciudadanos pidieron explicaciones, «al entender que la ley se observa para unos pero para otros se salta a la torera».